El comercio de personas con fines de explotación sexual es una realidad en todo el mundo, pero España es señalada por Naciones Unidas como uno de los principales países de destino.
En España la industria del sexo está extendida y normalizada. La prostitución se encuentra en una situación de alegalidad, es decir, no es un delito pero tampoco está regulada como actividad profesional. Sin embargo, la “prostitución ajena” o la explotación sexual sí es un delito, a pesar de no ser siempre perseguida.
Además, España ha sido en los últimos años un polo de atracción de inmigrantes. Las políticas de control migratorio han hecho florecer la figura de los “facilitadores”, personas que “ayudan” a cruzar las fronteras a miles de personas migrantes y, que en muchas ocasiones son en realidad “captadores” de potenciales víctimas de trata.
Muchas de estas personas migrantes son captadas por los tratantes a través del engaño para luego ser explotadas en España a través de la fuerza, la coerción, el aprovechamiento de situaciones de pobreza y necesidad o la generación de deuda por los “servicios” de entrada en el país.
Ante esta situación, la Asociación de Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituída (APRAMP) ha publicado tres guías sobre la intervención con víctimas de trata dirigidas a profesionales de los medios de comunicación, ayuntamientos, trabajadores sociales y profesionales de la seguridad del Estado, que tienen el objetivo de informar sobre cómo proteger y asistir a las víctimas de trata con fines de explotación sexual desde las distintas instancias y profesiones.
En cada una de ellas se explica con detalle, y entre otros temas, qué es la trata, la situación actual en España y el marco legal, para luego explicar el papel que cada uno de los grupos a los que va dirigido puede tener para socorrer y ayudar a las víctimas.
Un delito reconocido
Hasta 2010 España no tipificó como delito la trata de personas. Y el primer Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual comenzó a aplicarse en 2009. Esto supone que España está comenzando a responder a esta realidad.
La estrategia policial, por ejemplo, prácticamente acaba de incorporar un enfoque basado en los derechos de las víctimas: hasta ahora era habitual que las víctimas fueran tratadas como inmigrantes irregulares y deportadas sin el reconocimiento de sus derechos.
A pesar de los cambios recientes, “queda todavía mucho camino por recorrer para garantizar la correcta identificación de las víctimas y su derecho a la protección. De hecho, todavía se siguen supeditando estos derechos a la cooperación de las víctimas con la justicia”, señala una de de estas guías.
Hoy por hoy, “las autoridades facilitan fondos a las entidades especializadas en la asistencia y protección pero no existe un organismo gubernamental que vele por el cumplimiento de sus derechos”, añade el documento elaborado por APRAMP.
Es necesario, además, “poner en marcha medidas de reconocimiento e impulso de otros tipos de explotación como la laboral o la mendicidad forzada, que también se dan en España a pesar de no existir datos oficiales sobre ellas”, recomienda la entidad.
La trata en cifras
Cada año más de 4 millones de personas son forzadas a algún tipo de servidumbre, lo que genera más de 5.000 millones de dólares, según datos de Naciones Unidas.
30 millones de mujeres y niñas han sido forzadas a la explotación sexual en los últimos 30 años, en comparación con los 12 millones de esclavos vendidos entre los siglos XII y XIX que duró el comercio transatlántico, indica el International Centre for the Prevention of Crime (ICPC).
España es uno de los principales países de destino de mujeres tratadas para fines de explotación sexual, denuncia Naciones Unidas.
Cada año la policía identifica a más de 1.500 víctimas de trata con fines de explotación sexual en España, según cifras del Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO). “Las entidades especializadas atienden a un número todavía mayor de víctimas”, asegura APRAMP. Solo el 1 por ciento de las víctimas son identificadas en Europa Occidental, reconoce Naciones Unidas.
La prostitución está muy extendida y normalizada en España: el 39 por ciento de los hombres confiesan haber pagado por sexo y el 80 por ciento de las personas en situación de prostitución son o han sido víctimas de trata, destaca la guía.
La trata con fines de explotación sexual es la más conocida y socialmente atendida, aunque no por ello la única. Existen pocos datos y escasa atención a otras formas de explotación como la laboral, la mendicidad forzada, etc.
“En 2010 España tipificó como delito la trata de seres humanos. España ha ratificado tratados internacionales por los que se compromete a poner los derechos de las víctimas en el centro de su actuación. Sin embargo, soolo la Ley de Extranjería reconoce algunos de estos derechos que en la práctica son difíciles de garantizar”, lamenta APRAMP.
Las guías pueden descargarse aquí.
