El canciller de Arabia Saudita, Adel al Jubeir informó que su gobierno cortó los vínculos con el régimen de Hasan Rohani debido al ataque que sufrió su embajada y dio un plazo de 48 horas a los miembros de la representación diplomática iraní para abandonar el país.
La ejecución del clerigo chií Nimr al Nimr, junto a otros 46 acusados de terrorismo anunciada este sábado por Arabia Saudita, ha agravado la ya tensa relación entre las dos potencias regionales rivales y entre las mayores potencias petroleras del mundo.
Los chiíes que son mayoría en Irán y constituyen un 10 por ciento de la población del reino saudí han protestado en varios países de Oriente Próximo.
En Irán cientos de manifestantes chiíes protestaron el sábado por la nocheante la embajada saudí en su capital, provocando un incendio con bombas molotov.
El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo iraní, amenazó: “La venganza divina caerá sobre los políticos saudíes” y el presidente iraní, Hasan Rohaní, criticó la muerte del clérigo pero condenó el ataque a la embajada, que dejó un saldo de 40 detenidos.
El portavoz de Exteriores iraní, Hossein Ansari, acusó que Riad “sólo utiliza el lenguaje de las ejecuciones y la represión” y les acusó “apoyar a los extremistas y terroristas”.
En Arabia Saudita, país mayoritariamente suní, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Osama al Nugali, en su cuenta Twitter escribió que el castigo no se ha producido porque eran chiíes sino terrorista. Y el Ministerio de Exteriores respondió que «el régimen de Irán es el último en el mundo que puede acusar a otros de apoyar al terrorismo, ya que es un Estado que patrocina el terrorismo y que está condenado por las Naciones Unidas y por muchos otros países».
A nivel internacional el temor es que el conflicto entre sunies y chiíes pueda perjudicar a la coalición contra el Estado Islámico.
Para la organización de derechos humanos británica Reprive, presente en la región, son 'alarmantes' las ejecuciones en el país de mayoría sunita y consideró que Al Nimr y al menos otras cuatro personas fueron ajusticiadas por motivos políticos.
Alemania, Italia, Inglaterra y Francia condenaron el utilizo de la pena de muerte y Estados Unidos y la ONU expresaron su preocupación por la posible escalada de los conflictos en la zona.
