(zenit – 23 nov. 2020)-. El estallido social en Ciudad de Guatemala inició luego de que el Congreso, aprobara un presupuesto anual para el 2021 por 99.700 millones de quetzales (moneda local, cifra equivalente a unos 10.800 millones de euros).
El presupuesto aprobado aumenta un 25% el gasto, pero no crecen las partidas para educación, sanidad ni servicios sociales.
La jornada de manifestaciones fue marcada por muestras de civismo en la plaza de la Constitución y parques de varios departamentos del país centroamericano, pero también por disturbios ocasiones por un grupo que quemó instalaciones y mobiliario del Congreso y se enfrentó a la Policía, dejando como resultado varios heridos y personas detenidas.
Iglesia solicitó vetar presupuesto
En un comunicado la Conferencia Episcopal de Guatemala, manifestó su descontento con la aprobación del presupuesto anual para el 2021 y dijo que “la imagen del Congreso ante la población en general, a causa de este acto irresponsable, queda sujeta a graves dudas y a condenas seguras. No favorece la gobernabilidad del país y, por el contrario, daña la paz social, tan precaria en Guatemala”.
En el pronunciamiento, el episcopado resalta la importancia de que “el modo de aprobarlo ha generado indignación en muy diferentes sectores del país por el modo opaco y seguramente turbio en que se pactó para alcanzar mayoría calificada de votos”.
Condena de la represión
Organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos se han pronunciado en contra del uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en contra de manifestantes, en los hechos ocurridos ayer, 22 de noviembre de 2020, durante la jornada de protestas en contra del Gobierno de Alejandro Giammattei.
Más de una treintena de personas fueron detenidas, entre los que figuran estudiantes, activistas y periodistas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso excesivo de la fuerza de las autoridades contra los manifestantes y recordó que el uso de la fuerza por parte del Estado debe seguir principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Por su parte, el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, recomendó al presidente Alejandro Giammattei destituir al ministro de Gobernación, Gendri Reyes y al director de la Policía Nacional Civil (PNC).
Rodas señaló que la procuraduría verificó la detención arbitraria de manifestantes, defensores de derechos humanos y periodistas.
Arzobispo de Santiago de Guatemala se pronuncia
El arzobispo de Santiago de Guatemala, monseñor Gonzalo de Villa y Vásquez se pronunció sobre los hechos acaecidos el sábado en Ciudad de Guatemala. Unas palabras que fueron publicadas a través de un video del arzobispado de Guatemala. En él se explica que, indudablemente, existe una mezcla entre el “derecho a manifestarse” y el “hacerlo pacíficamente”. Por ello, se recuerda que la gran mayoría de manifestantes lo hicieron sin violencia.
“Es lamentable que llegaran bochincheros alarmistas que al final terminaron arruinando algo que era cívico. Creemos que es muy condenable este tipo de violencia, aun cuando se esgrima para hablar en nombre del pueblo. También hay un reclamo a la policía y en general a las autoridades del ministerio de la gobernación ya que reprimieron donde no debían, y no estuvieron donde deberían haber estado”, afirma prelado.
Igualmente, monseñor Gonzalo de Villa y Vásquez señala que muchas fotografías del suceso indican que hubo “negligencia e improvisación” y lanza una invitación clara a que “haya diálogo y moderación”, ya que “los extremismos no son buenos consejeros”, y “quienes tienen interés en la polarización, normalmente es gente que no ama al país”.
