(ZENIT Noticias / San José de Costa Rica, 24.01.2022).- Ante la aprobación legislativa del proyecto de ley denominado “Ley del Cannabis para uso medicinal y terapéutico y del Cáñamo para el uso alimentario e industrial”, los obispos católicos de Costa Rica manifestaron que esta iniciativa de ley entraña riesgos para la salud y seguridad pública. Y es que el texto de la ley aprobada en la Asamblea Legislativa contiene en parte de su articulado disposiciones que entrañan riesgos para la salud y la seguridad públicas, así como algunas incongruencias que conviene resolver.
Respecto del cultivo, la producción, la industrialización, la comercialización de cáñamo y del cannabis psicoactivo, refieren los obispos:
No existen garantías de que estos cultivos puedan contribuir a promover el reparto de la riqueza en las zonas rurales, por cuanto no se contemplan medidas que garanticen que los pequeños productores puedan obtener suficientes beneficios para migrar de sus actuales cultivos al de estas plantas. La producción puede convertirse en la actividad de grandes productores, incluidas empresas transnacionales. Tampoco parece que la generación de empleo sea significativa, pues según PROCOMER, en el caso del cáñamo, si bien la actividad relacionada con el CBD (flor), tiene una intensidad en uso de mano de obra media/alta (30 personas por 1 hectárea en campo abierto en distintas fases (nótese: no simultáneamente), y la relacionada con el grano (semilla) y con la fibra (tallo) el tallo es baja (en cada caso, 1 o 2 personas por ha en siembra y cosecha).
En términos ambientales, los monocultivos tienen implicaciones en el deterioro ambiental, al margen del tipo de insumos que se utilicen como abono y para el control de plagas.
Dada la gran similitud entre las plantas de cáñamo y de cannabis psicoactivo, la vastedad de los terrenos dedicados al cultivo del cáñamo hará sumamente difícil el control de las plantaciones ilícitas de la segunda, si se llega a camuflar en las plantaciones de las primeras, lo cual ya ocurre en otros países y es altamente probable en el nuestro, teniendo en cuenta la gran actividad de quienes hoy realizan este cultivo de manera delictiva.
Un cultivo descontrolado de cannabis psicoactiva, muy factible en nuestro país, ocasionaría un grave daño a la salud pública, sobre todo a la población adolescente. El IAFA ha realizado mediciones que demuestran que la edad media de inicio en el consumo de marihuana ha ido descendiendo consistentemente desde el año 2012, llegando a 13,4 años en el último año de la medición (2018).
Por otra parte, la Iglesia católica considera que merecen especial consideración la recomendación de no apoyar el proyecto de ley hecho por la Universidad de Costa Rica, con base en las observaciones de académicos expertos de las escuelas de Medicina, Farmacia y Biología, así como del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar).
Además, es de suma importancia verificar la posible incompatibilidad de los permisos relacionados con el autocultivo y autoconsumo con prohibiciones contempladas en convenciones internacionales suscritas por el país en esta materia, a saber. Convención Única Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1961), Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas (1988) y Convención sobre Estupefacientes, Drogas y Sustancias Psicotrópicas (1971). Nos parece que este aspecto obliga a una revisión a fondo de las disposiciones propuestas en el proyecto de ley al respecto.
Por todo lo anterior, el conjunto de estas y otras consideraciones mueven a los obispos a solicitar respetuosamente a las autoridades del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, una verdadera reflexión que permita sopesar beneficios y perjuicios de este proyecto de Ley aprobado en su fase legislativa, al bien de toda la población nacional. En caso de llegar a la autorización del uso industrial del cáñamo y el medicinal del cannabis psicoactivo, deben asegurarse todos los mecanismos que logren anular los riesgos sanitarios y de seguridad de esta actividad.
