(ZENIT Noticias / Washington, 11.05.2022).- Este miércoles 11 de mayo, el Senado de los Estados Unidos no logró avanzar en la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, S. 4132. Este proyecto de ley habría impuesto el aborto a demanda en todo el país en cualquier etapa del embarazo a través de un estatuto federal y habría eliminado las leyes pro-vida en todos los niveles del gobierno (incluyendo la notificación de los padres para las niñas menores de edad, el consentimiento informado y las protecciones de salud o de seguridad específicas para las instalaciones de aborto).
El proyecto de ley 4132 también habría obligado a todos los estadounidenses a apoyar los abortos aquí y en el extranjero con el dinero de sus impuestos y también habría obligado probablemente a los proveedores y profesionales de la salud a realizar, asistir y/o derivar el aborto en contra de sus creencias profundamente arraigadas, así como a los empleadores y las aseguradoras a cubrir o pagar el aborto.
El arzobispo de Baltimore, William Lori, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, y el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y presidente del Comité para la Libertad Religiosa, emitieron la siguiente declaración:
«La ‘Ley de Protección de la Salud de la Mujer’ (S. 4132) es una medida totalmente injusta y extrema que impondría el aborto a demanda en todo el país en cualquier fase del embarazo mediante una ley federal. Nos alivia que la votación en el Senado para hacer avanzar este proyecto de ley haya fracasado por segunda vez en menos de tres meses. Este proyecto de ley insiste en que el aborto electivo, incluido el aborto electivo tardío, es un «derecho humano» y una «atención sanitaria para las mujeres», algo que debe promoverse, financiarse y celebrarse. La S. 4132 es mucho más extrema que el caso Roe v. Wade. Invalidaría leyes ampliamente apoyadas que protegen a las mujeres y a los niños no nacidos de una industria abortista sin escrúpulos, obligaría a todos los estadounidenses a apoyar el aborto aquí y en el extranjero con sus impuestos, y pretende obligar a los hospitales religiosos y a los profesionales de la salud a realizar abortos en contra de sus creencias.
«Más de 60 millones de niños no nacidos ya han perdido la vida a causa del aborto, e innumerables mujeres sufren el trauma físico y emocional del aborto. Este proyecto de ley radical añadiría millones más a esa trágica cifra. Como nación construida sobre el reconocimiento de que todo ser humano está dotado por su Creador de los derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, imploramos al Congreso que deje de impulsar el aborto como solución a las necesidades de las mujeres y las niñas, y que en su lugar adopte una política pública que respete y facilite plenamente estos derechos y las necesidades tanto de la madre como del niño.»
