Por: Rebecca Oas
(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Washington, 14.05.2022).- Un nuevo informe insta a los filántropos a invertir más de 6.000 millones de dólares en organizaciones feministas para 2026, aproximadamente 1.500 millones de dólares al año, como forma de «realizar el cambio transformador que buscan los donantes». Para demostrar que esa inversión sería eficaz, el informe cita la reciente liberalización de las leyes sobre el aborto en Argentina, Irlanda y México.
El informe los caracteriza como «victorias concretas» de los movimientos feministas, a los que describe como «que aguantan activamente el ataque coordinado de los movimientos antiderechos que están haciendo retroceder victorias ganadas con mucho esfuerzo, ya sea en Texas, en Estados Unidos, en Polonia, en Austria o en Ghana».
El estado de Texas se menciona específicamente en el informe porque aprobó una ley que prohíbe el aborto después de detectar el latido del corazón del feto. El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó un recurso contra esa ley y ahora está estudiando si el aborto es o no un derecho constitucional. Unos días antes de que se presentara el informe, se filtró un borrador de la opinión del Tribunal Supremo que indicaba la intención del tribunal de anular el caso Roe contra Wade, la decisión de 1973 que legalizó el aborto en todas las etapas del embarazo en Estados Unidos como un derecho constitucional.
Según Devex, esta noticia «envió ondas de choque a la comunidad del derecho al aborto» y provocó nuevos llamamientos para financiar causas feministas en todo el mundo, dada la amplia influencia mundial de Estados Unidos.
Como ejemplo de la «erosión de los derechos y la política progresista», el informe menciona la Declaración del Consenso de Ginebra, en la que más de 30 países reafirmaron que el aborto no es un derecho humano y que la familia es la «unidad de grupo natural y fundamental de la sociedad». La declaración conjunta fue liderada por Estados Unidos bajo la administración Trump, hasta que el presidente Joe Biden rescindió el apoyo estadounidense. A la coalición del Consenso de Ginebra, que el informe feminista denuncia como «fuerzas antiderechos», se le atribuye haber impedido «nuevos avances en los compromisos sobre educación sexual integral, derechos sexuales y derechos LGBTQI+.»
Aparte del aborto, el informe deja claro que los miles de millones que pide se destinarían a promover la ideología de género. Según su lista de definiciones, «[l]as mujeres, las niñas y las personas no binarias es una categoría inclusiva que se refiere a las mujeres y niñas cis y transgénero y a las personas que se identifican como no binarias».
Para contrarrestar el sufrimiento causado por el patriarcado, el capitalismo y otras causas, los autores escriben que «los líderes y los esfuerzos feministas deben contar con abundantes recursos».
Los autores del informe caracterizan a las organizaciones feministas como «significativamente infrafinanciadas», según la investigación de AWID, un grupo feminista, que cuenta entre sus propios donantes con la Fundación Ford, la Fundación Open Society y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional.
El informe fue publicado por el Grupo Bridgespan, que asesora a donantes y organizaciones sin ánimo de lucro para promover el cambio social, y Shake the Table, antes conocido como Feminist Imaginations, que busca dirigir la financiación hacia la «justicia racial, de género y económica».
La elaboración del informe contó con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, que el año pasado prometió 2.100 millones de dólares a lo largo de cinco años para la igualdad de género en el Foro sobre la Igualdad de Género de ONU Mujeres celebrado en París. A pesar de los primeros intentos de eludir la cuestión del aborto, la Fundación Gates tiene un largo historial de financiación de grupos que promueven el aborto en todo el mundo.
En respuesta a la opinión filtrada del Tribunal Supremo, Bill Gates tuiteó que la revocación de Roe contra Wade «nos haría retroceder 50 años». Su ex esposa Melinda denunció igualmente «la restricción del acceso a los servicios de salud reproductiva».
