Mujer está rezando. Foto: vecteezy

La libertad religiosa en Latinoamérica según el Informe 2022 del Departamento de Estado de los Estados Unidos

Abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

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Por: Rafael Manuel Tovar

 

(ZENIT Noticias / Ciudad de México, 21.05.2023).- La Oficina de libertad religiosa internacional publicó el 15 de mayo de 2023 su Informe anual al Congreso sobre Libertad Religiosa Internacional. El informe describe el estado de la libertad religiosa en todos los países y cubre las políticas gubernamentales que violan las creencias religiosas, las prácticas de grupos religiosos y las políticas de los Estados Unidos para promover la libertad religiosa en todo el mundo. Abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

Las embajadas de los Estados Unidos preparan borradores iniciales de los países basándose en información de funcionarios gubernamentales, grupos religiosos, organizaciones no gubernamentales, periodistas, observadores de derechos humanos, académicos, medios de comunicación.

MÉXICO

Según la Secretaría de Gobernación de México se investigaron cinco casos relacionados con la libertad religiosa durante el año, igual número que en 2021. En abril, las autoridades del gobierno local amenazaron a un pastor y a tres familias protestantes que no participaban en festividades católicas en el estado de Guerrero, obligando a las familias a trasladarse a otro lugar del estado.

Los líderes religiosos a menudo participan en la política y el activismo social y, por lo tanto, son más vulnerables a la violencia generalizada. Los incidentes de violencia contra dirigentes religiosos no parecen basarse únicamente en la identidad religiosa. México es el país más violento para los sacerdotes en América Latina por 14º año consecutivo, reportando asesinatos de más de 39 sacerdotes en la última década.

Sacerdotes asesinados en el gobierno de AMLO. Foto: CCM

Algunas ONG dijeron que los grupos criminales siguen señalando a sacerdotes católicos y otros líderes religiosos por condenar actividades delictivas y porque las comunidades los veían como figuras de autoridad moral.

En julio de 2022, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas emitió una declaración pidiendo a las autoridades que cesaran la persecución, la represión y la intimidación de sus sacerdotes, tras el arresto de siete sacerdotes y representantes de la iglesia. Según la diócesis, las autoridades acusaron a los sacerdotes de cometer violencia relacionada con su trabajo de consolidación de la paz en las comunidades indígenas.

Venezuela

El régimen extendió la ley contra el odio incluyendo figuras religiosas. En mayo, el gobernador del estado de Carabobo demandó al Padre Alfredo Infante, superior de los jesuitas en Venezuela y coordinador de derechos humanos de una ONG, por difamación tras la publicación el 14 de marzo de un informe anual sobre derechos humanos.

Representantes de la Conferencia de Obispos Católicos Romanos y el Consejo Evangélico de Venezuela dijeron que los líderes del régimen y sus leales acosaron verbalmente al clero y a otros miembros de comunidades religiosas por llamar la atención sobre la crisis humanitaria del país y por otras críticas al régimen. La Iglesia Católica expresó su preocupación por la crisis migratoria del país y continuó presionando por una solución negociada a los problemas sociales y políticos.

El 25 de julio de 2022, un sacerdote en el estado de Barinas denunció haber recibido amenazas de muerte por trabajar en un proyecto para construir una nueva capilla.

El gobierno de Estados Unidos estima la población total en 30 millones a mediados de 2022, aunque la Plataforma de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes considera el número menor, dado el éxodo de más de siete millones de ciudadanos desde 2015. El gobierno de los Estados Unidos estima, basándose en las estadísticas oficiales más recientes, que 96% de la población es católica.

El 21 de febrero de 2021, el arzobispo Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, declaró su preocupación por los crecientes flujos migratorios debido a la crisis económica y humanitaria en el país. El 15 de junio, el entonces Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas y Arzobispo Metropolitano de Mérida, Cardenal Baltazar Porras, dijo en una entrevista de prensa que el liderazgo político del país «no valora a la sociedad venezolana» y «carece de criterios para generar propuestas y buscar soluciones para la situación actual del país». Dijo también que la iglesia ha promovido numerosos esfuerzos de acercamiento entre los sectores político, académico, empresarial y sindical, al tiempo que dejó en claro que la responsabilidad de buscar soluciones y generar propuestas recae en última instancia en los líderes políticos.

Los representantes de la Iglesia católica también citaron dificultades para obtener visas religiosas para sacerdotes: muchos miembros del personal internacional de la Iglesia Católica no pudieron obtener visas religiosas y tuvieron que ingresar al país con visas de turista, que requieren tarifas de renovación con carga financiera para la iglesia.

En octubre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que CONATEL ordenó el cierre de al menos cuatro estaciones de radio cristianas: Renuevo, Celestial, Jerusalénen y Gilgal Estereo. Las cuatro estaciones estaban en el municipio de Cabimas, liderado por la oposición, en el estado de Zulia.

Colombia

La Fiscalía General informó que actores no estatales mataron a tres líderes religiosos durante el año, en comparación con ninguno en 2021. Organizaciones no gubernamentales y representantes de iglesias informaron que los grupos armados ilegales continuaron matando, amenazando o desplazando a defensores de los derechos humanos, incluidos algunos líderes religiosos, por promover los derechos humanos, apoyar a desplazados internos, ayudar con las solicitudes de restitución de tierras y desalentar el cultivo de coca.

La Conferencia Episcopal Colombiana declaró que, el 8 de febrero, miembros de grupos armados ilegales amenazaron a Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de Buenaventura, por denunciar el impacto perjudicial de estos grupos en las comunidades.

Las comunidades religiosas, sin embargo, informaron de varios actos de vandalismo contra lugares de culto, especialmente los de la Iglesia católica. Según informes de prensa, los manifestantes pintaron grafiti en una iglesia católica para demostrar su apoyo a la despenalización del aborto.

El gobierno de los Estados Unidos estima que la población total es de 49.1 millones a mediados de 2022. Según una encuesta realizada en 2017 por la ONG Latinobarómetro, el 73 por ciento de la población es católica romana, el 14 por ciento protestante y el 11 por ciento atea o agnóstica.

Se han investigado tres homicidios de líderes religiosos por actores no estatales en el Valle del Cauca y Córdoba. Otros 22 casos de amenazas de grupos armados ilegales contra líderes religiosos se investigaron en 12 provincias.

La ONG cristiana Puertas Abiertas informó que, debido a las amenazas de grupos armados ilegales contra civiles en todo el norte de Colombia, muchos cristianos no pudieron asistir a los servicios religiosos. Por ejemplo, el domingo 8 de mayo, más de 2.000 iglesias cancelaron servicios para mantener a sus congregaciones seguras en medio de amenazas de la organización criminal narcotraficante Clan del Golfo.

Un dirigente religioso denunció extorsiones mensuales por parte de grupos armados en una zona rural donde una iglesia gestionaba un refugio para personas desplazadas que huían del conflicto.

Cuba

En su Lista de Vigilancia anual, la organización no gubernamental cristiana Puertas Abiertas informó que el gobierno intensificó sus tácticas represivas contra los líderes y activistas cristianos que se oponen a la ideología del Partido Comunista de Cuba a través de arrestos, exilio, multas arbitrarias, vigilancia, negación de licencias y visas religiosas, y abuso físico y mental. Según Christian Solidarity Worldwide, el gobierno detuvo a líderes religiosos de múltiples comunidades religiosas y dictó duras penas de prisión por participar en las protestas de julio de 2021.

A partir de enero, los funcionarios de seguridad detuvieron y multaron a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, y a otros miembros todos los domingos cuando intentaban asistir a misa para orar por la libertad de los presos políticos. Las autoridades impusieron penas de prisión de entre cinco y ocho años a varias Damas de Blanco, incluidos cinco años adicionales para un miembro que estaba a semanas de cumplir una sentencia de prisión de cuatro años.

En septiembre, el gobierno se negó a renovar el permiso de residencia del superior de los jesuitas en Cuba, el Padre David Pantaleón, ciudadano de República Dominicana, porque criticaba el abuso de los derechos humanos por parte del gobierno. Según Outreach Aid to the Americas, 52 de los 56 líderes religiosos encuestados en la isla dijeron que el gobierno tomó medidas represivas contra ellos y 21 denunciaron haber sido objeto de amenazas, violencia, detenciones y actos de repudio.

Algunos grupos y organizaciones religiosos, como la organización benéfica católica Caritas, continuaron reuniendo y distribuyendo artículos de socorro, proporcionando asistencia humanitaria a personas independientemente de sus creencias religiosas.

El gobierno de los Estados Unidos estima que la población total es de 11 millones a mediados de 2022. No existe una fuente independiente y autorizada sobre el tamaño general o la composición de los grupos religiosos. La Iglesia católica estima que el 60 por ciento de la población se identifica como católica. La membresía en las iglesias protestantes se estima en un 5 por ciento.

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Redacción zenit

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