Por: Stefano Gennarini
(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Nueva York, 04.07.2023).- La libertad de Culto termina donde comienzan los derechos LGBT. Ésta es la conclusión de un nuevo informe de las Naciones Unidas sobre el derecho de libertad de culto y de creencias.
El informe pide a los gobiernos que amenacen y castiguen a los dirigentes y organizaciones religiosas que no cumplan con la ortodoxia LGBT y, de manera novedosa y sin precedentes, pide a los gobiernos que desestabilicen las religiones desde adentro, apoyando a las facciones pro-LGBT que existan en las diversas denominaciones religiosas.
El experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal Borloz, autor nominal del informe, no oculta su intención de crear un “nuevo espacio normativo” en el que los gobiernos impongan normas LGBT aceptables para las religiones.
“Los límites establecidos en el propio diseño de la Libertad de Culto y de Creencias, incluyendo los derechos fundamentales y las libertades de las personas LGBT son la clave para la plena compatibilidad de la Libertad de Culto y de Creencia con todas las acciones que sean necesarias para combatir la violencia y la discriminacion contra ellos”, concluye él al final de su informe.
El clero y otros actores basados en la fe deben ser amenazados para que cumplan las normas oficiales amigables a los LGBT, o atenerse a las consecuencias, según las conclusiones del informe. Los gobiernos deben alentar a las instituciones religiosas a considerar las formas en que los representantes sean considerados responsables en los casos en que promuevan discriminación contra los LGBT y otras personas de géneros diversos.
Cuando las religiones enseñan que la conducta homosexual es un pecado o que el sexo es una realidad biológica inmutable, violan la ley de derechos humanos.
“Existen oscuros rincones donde las personas LGBT son considerados pecadores y ciudadanos de segunda clase, que deben ser despreciados y abusados,” dice el informe.
Madrigal-Borloz pide a los estados miembro de la ONU que aprovechen a dirigentes e instituciones religiosas que sean favorables, a que promuevan la ideología homosexual y de transgénero. Él expresamente apoya a varios grupos religiosos disidentes, como Católicas por el Derecho a Decidir, que promueve el aborto, y Musulmanes por Valores Progresistas, que promueve cuestiones homosexuales y de transgénero. También elogió las opiniones de humanistas no religiosos acerca del sexo como una “atributo evolvente, sin significado intrínseco alguno.”
Madrigal-Borloz arguye que los individuos que se identifican como homosexuales o tienen un “derecho de acceder a la espiritualidad en términos iguales a los de todos los demás.” Concluye, por lo tanto, que a menos que todas las religiones apoyen las ideas pro-LGBT, los individuos que así se identifiquen van a ser marginados y excluidos causándoles dolor, problemas mentales y potencialmente llevándolos al suicidio, y violando en última instancia sus derechos humanos.
“Para muchos individuos, su religión es parte del fundamento de su sentido de identidad, la fuente de verdad,” explica él.
En la médula del informe está la opinión de que la sexualidad y la identidad de género son derechos fundamentales en el mismo plano, si no es que en uno más elevado, que la libertad de culto.
“Todos los creyentes, incluidos los dirigentes de religiones y de creencias tienen una orientación sexual y una identidad de género, y todas las personas LGBT tienen creencias,” dice el informe.
El informe hace declaraciones respecto a interpretación de las escrituras y a teología. Denigra como ‘dogmáticas’ o modernas invenciones ‘homocolonialistas’ las interpretaciones de las escrituras judeo-cristianas que condenan la homosexualidad, y afirma que la moralidad de la homosexualidad es una “cuestión de debate teológico.”
El informe niega que los trabajadores de la salud por razones religiosas puedan objetar a proveer abortos o tratamientos y cirugías “afirmantes” inclusive a niños. También niega a los proveedores de bienes y servicios, como pasteleros o floristas, puedan rehusarse a prestar servicios a personas o celebraciones por razones de objeción de conciencia. Arguye que las escuelas parroquiales no pueden despedir a profesores por razón de su orientación sexual o identidad de género.
A final de cuentas, Madrigal-Borloz promueve el matrimonio homosexual como un derecho humano más alto que la libertad de culto. Aun insinúa que se debe forzar a los clérigos a llevar a cabo ‘matrimonios’ homosexuales a costa de perder su privilegio de llevar a cabo matrimonios reconocidos legalmente.
“Un enfoque basado en derechos humanos afronta directamente las concepciones de familia que excluyan a personas LGBT”, explica él.
El ataque por múltiples frentes que hace el reporte contra la libertad religiosa será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el martes en la tarde.
