Enrique Villegas
(ZENIT Noticias / Managua, 21.08.2023).- La tarde del sábado 19 de agosto la policía del régimen anti católico de Nicaragua y algunos funcionarios del Poder Judicial se presentaron en la residencia de los jesuitas de Managua que atendían la Universidad Centroamericana, expropiada por el gobierno de Daniel Ortega tres días antes.
No obstante haber mostrado que eran propietarios del lugar y que la casa era distinta al titular de la propiedad de la Universidad previamente robada por el gobierno, las autoridades les ordenaron desalojar el inmueble, haciendo caso omiso y arguyendo que la casa era propiedad del Estado.
«Los jesuitas desalojados se encuentran bien en un lugar seguro», explicaron posteriormente los jesuitas en un comunicado. Sin embargo, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús «condena este atropello y manifiesta su confianza en que el Señor de la Historia siga acogiendo bajo su bandera a los jesuitas de Nicaragua en estos momentos».
Apenas tres días antes, el 16 de agosto, los jesuitas fueron expulsados de la Universidad que gestionaban en Managua acusados, sin pruebas, de terrorismo, traición a la patria y conspiración. “Esta es una política de gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos y parece tener como objetivo la consolidación de un Estado totalitario”, contestaron los religiosos de la misma congregación de la que es el Papa Francisco.
La Universidad Centroamericana fue fundada en 1963 por la Compañía de Jesús. En un comunicado de la congregación religiosa responsabilizan “al Gobierno de Nicaragua de todos los daños en contra del alumnado, del personal docente, administrativo y demás trabajadores de la Universidad y del patrimonio cultural de dicho país que se deriven de semejante acusación injustificada y de la orden de incautación de todos los bienes inmuebles, muebles y del patrimonio económico de la Universidad a favor del Estado de Nicaragua”.
Como respuesta a esa medida del régimen dictatorial, el gobierno de los Estados Unidos restringió la VISA a 100 funcionarios nicaragüenses afines al matrimonio Ortega-Murillo, que tiraniza el país.
The @StateDept has taken steps to impose visa restrictions on 100 Nicaraguan officials who restrict Nicaraguans’ human rights and undermine democracy. We call on the regime to unconditionally and immediately release Bishop Álvarez and all those unjustly detained.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 19, 2023
