Manuella Borraccino
(ZENIT Noticias – TerraSantaNet / Jerusalén, 09.01.2025).- Hace unas semanas, unos hombres armados robaron en el campo de refugiados de Yenín dos vehículos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP): uno pertenecía a la policía y el otro al Ministerio de Agricultura. El robo se produjo en respuesta a la detención de un hombre que realizaba transferencias de dinero, sospechoso de pasar fondos a una banda de la Yihad Islámica. Los ladrones no sólo se negaron a devolver las camionetas robadas, sino que hicieron un recorrido triunfal por las calles del campo de refugiados ondeando la bandera de la Yihad y disparando al aire. Enfurecido por el abierto desafío y deseoso de demostrar que la ANP sería capaz de gestionar la Franja de Gaza en caso de tregua, el presidente Mahmud Abbas (Abu Mazen) ordenó entrar en el campo de refugiados y detener a los milicianos armados. Así, el 14 de diciembre se produjo la mayor redada de detenciones en diez años, con dos milicianos muertos, en una de las principales ciudades palestinas de Cisjordania. El episodio tiene su propia relevancia en la lucha que la Autoridad Palestina, con la popularidad por los suelos, está librando para poder sentarse a una posible mesa de negociaciones con Israel siempre y cuando las monarquías del Golfo junto con Estados Unidos y la Unión Europea logren imponer una tregua.
A lo largo de 2024, varios países -como Irlanda, España, Noruega- reconocieron formalmente el Estado de Palestina: hoy son 149 los que lo hacen, además de Estados como Bélgica, Luxemburgo, Francia y Gran Bretaña que han expresado su voluntad de hacerlo. Desde que en 2012 la Asamblea General de la ONU reconociera a la Autoridad Palestina como Estado observador no miembro, la ANP ha firmado casi 200 tratados y se ha adherido a numerosos organismos unilaterales. Sin embargo, el reconocimiento internacional no resuelve los problemas sobre el terreno: la continua expansión de las colonias judías en los Territorios Ocupados (que no se detuvo durante 2024); la fragmentación de los territorios palestinos entre Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este; las dificultades para garantizar el orden y la seguridad en las zonas controladas por los palestinos; y la corrupción que ha puesto de rodillas a la administración pública palestina.
El principal problema, pues, es que el reconocimiento internacional, aunque tiene peso desde el punto de vista político, en sí mismo no aporta beneficios concretos a los palestinos: las acciones del gobierno israelí para demoler las finanzas de la ANP han llevado al organismo al borde de la insolvencia y hoy, advierte el Banco Mundial, la Autoridad Palestina está más cerca del colapso financiero de lo que ha estado nunca desde la Segunda Intifada (2000-2005).
Por otra parte, las limitaciones financieras son sólo una de las razones de la mala gobernanza de la Autoridad Palestina: la corrupción y el autoritarismo han hecho que la popularidad de la ANP caiga en picado. En las zonas que controla más o menos totalmente (las Zonas A y B establecidas hace 30 años por los Acuerdos de Oslo y que ahora comprenden alrededor del 40% de Cisjordania), la ANP sólo es capaz de garantizar parcialmente los servicios a los residentes, y a estas alturas ni siquiera la seguridad: un número creciente de bandas armadas lleva años desafiando a las desmotivadas y mal pagadas fuerzas policiales palestinas en Yenín, Naplusa y Tulkarem. La última encuesta realizada el pasado mes de septiembre 2024 en la Franja de Gaza y Cisjordania por el Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas, el mayor instituto demográfico palestino con sede en Ramala, mostró un descenso significativo del apoyo al ataque del 7 de octubre de 2023 (del 52% en la encuesta anterior al 39% en septiembre) y de las expectativas de que Hamás pudiera «ganar» la guerra (del 48% al 28%). También ha disminuido el apoyo a que Hamás se haga con el control de la Franja de Gaza cuando termine la guerra: sólo el 37% de los gazatíes cree que esto es posible (frente al 70% de los palestinos de Cisjordania), mientras que el 42% de los gazatíes piensa que la administración debería pasar a manos de la Autoridad Palestina, frente a sólo el 17% en los Territorios. Por último, la encuesta muestra un aumento significativo del consenso a favor de la solución de los dos Estados: ahora es del 39% entre Cisjordania y Gaza, frente al 32% del primer semestre, pero el porcentaje aumenta al 51% si hablamos de las fronteras de 1967; también disminuye el apoyo a la lucha armada y aumenta significativamente el consenso a favor de las negociaciones.
El hecho es que una firma no es suficiente para que la Autoridad Palestina pase de ser un organismo provisional a una entidad que pueda representar un Estado permanente. El riesgo de que Palestina nazca como un Estado fallido es realista en esta situación de grave disfuncionalidad e ineficacia, insolvencia económica y deslegitimación popular: la incapacidad de garantizar al menos el orden y la seguridad podría favorecer el surgimiento de organizaciones criminales armadas en diversas zonas de Cisjordania, como ya ocurrió durante la segunda Intifada. Evitar este escenario debería ser ante todo una preocupación del Estado de Israel y de quienes también se preocupan por su futuro.
La medida más urgente para estabilizar el proceso de construcción del Estado palestino es responder a la emergencia financiera: el Primer Ministro palestino designado el pasado febrero, Mohammad Mustafa, ha pedido 2.700 millones de dólares para restablecer el flujo de efectivo al menos hasta mediados de 2025, pero este fondo es una cobertura temporal y sólo con la ayuda de los actores internacionales dará resultados concretos.
«El alto el fuego debería haberse producido hace mucho tiempo», señaló Khaled Khiari, alto funcionario de la Secretaría General de la ONU, el pasado miércoles 18 de diciembre en el Consejo de Seguridad de la ONU. «El castigo colectivo al pueblo palestino», dijo, “y el bombardeo incesante de Gaza son injustificables: la continuación de la ocupación también en Cisjordania, donde los asentamientos son ilegítimos y violan el derecho internacional, sólo conducirá a más odio y antagonismo y sembrará las semillas de la inestabilidad en toda la región”.
Traducción del original en lengua italiana realizado por el director editorial de ZENIT.
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