Los grupos argumentaron que la política violaba el derecho de las personas a practicar su religión. Foto: EFE

USA: juez permite redadas migratorias también en iglesias

Observó que pocas acciones de aplicación de la ley de inmigración se han llevado a cabo en iglesias y otros lugares de culto, por lo que no ve evidencia importante para oponerse a la ley y que no pudieron vincularse las caídas en la asistencia en algunos lugares de culto por esta causa.

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(ZENIT Noticias / Washington, 03.05.2025).- Una juez federal de Washington apoyó a la administración Trump permitiendo a los agentes de inmigración aplicar la ley de deportación en los lugares de culto.

La jueza Dabney Friedrich rechazó el 11 de abril la demanda de casi 30 grupos judíos y cristianos contra la política de Trump que, en enero, rescindió una política del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que limitaba los lugares de arrestos a migrantes. El gobierno de Trump pidió a los agentes de campo usar «sentido común» y «discreción» para las detenciones de inmigrantes en lugares de culto sin la aprobación de un supervisor.

La jueza Dabney Friedrich estableció que las congregaciones demandantes no han sufrido daños significativos por la aplicación de la ley de inmigración que justifique rechazar la orden judicial. Friedrich, nombrada por Trump, señaló que la nueva norma «no ordena a las fuerzas del orden que ataquen iglesias o sinagogas o que traten los lugares de culto como lugares de alta prioridad para la aplicación de la ley de inmigración».

Observó que pocas acciones de aplicación de la ley de inmigración se han llevado a cabo en iglesias y otros lugares de culto, por lo que no ve evidencia importante para oponerse a la ley y que no pudieron vincularse las caídas en la asistencia en algunos lugares de culto por esta causa.

Friedrich explicó: «Esa evidencia sugiere que los feligreses se están quedando en casa para evitar encontrarse [con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] en sus propios vecindarios, no porque las iglesias o sinagogas sean lugares de mayor riesgo».

Los grupos argumentaron que la política violaba el derecho de las personas a practicar su religión. Los demandantes argumentaron que la nueva directiva de Seguridad Nacional se aparta de la política del gobierno aplicada por 30 años contra la realización de operaciones de aplicación de la ley de inmigración en «áreas protegidas» o «lugares sensibles».

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Rafael Manuel Tovar

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