Nicaragua: un obispo desaparecido, un informe sobre persecución contra la Iglesia y un dictador que anuncia que no volverá a haber elecciones

(ZENIT Noticias / Managua, 21.07.2026).- La desaparición de un obispo católico anciano, un nuevo y exhaustivo informe sobre la persecución mundial de los cristianos y la declaración del presidente Daniel Ortega de que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones, dibujan un panorama preocupante de un país donde la represión política y las restricciones a la libertad religiosa parecen estar cada vez más entrelazadas.

En el centro de la creciente preocupación internacional se encuentra el obispo emérito Juan Abelardo Mata de Estelí, una de las voces más respetadas de la Iglesia nicaragüense, cuyo paradero sigue siendo desconocido semanas después de su detención por las autoridades. Amigos, compañeros clérigos y defensores de los derechos humanos afirman no haber recibido ninguna prueba de que el prelado de 80 años se encuentre a salvo, a pesar de las afirmaciones del gobierno de que ha regresado a su hogar.

Martha Patricia Molina, destacada investigadora sobre la persecución religiosa en Nicaragua, ha descrito la desaparición del obispo como un posible «crimen de lesa humanidad», argumentando que su condición de incomunicado constituye un caso de desaparición forzada. Señala que ni las personas más cercanas al obispo Mata ni la comunidad católica en general han podido establecer contacto con él, una situación especialmente alarmante dada su frágil salud. El obispo jubilado padece diabetes, problemas de visión y una afección cardíaca que requiere un marcapasos.

La preocupación trasciende la comunidad católica.

Los obispos de Centroamérica han solicitado al gobierno de Ortega-Murillo que permita al obispo Mata recibir atención médica y que proporcione pruebas fehacientes de que sigue con vida y en buen estado de salud. El sacerdote nicaragüense exiliado, el padre Edwing Román, también ha exigido pruebas inmediatas de que está vivo, señalando lo que describe como silencio oficial y declaraciones gubernamentales contradictorias.

El gobierno solo ha ofrecido una explicación limitada.

En un comunicado emitido el 4 de julio, el Ministerio del Interior de Nicaragua informó que el obispo Mata había sido interrogado sobre el origen de ciertas propiedades y vínculos familiares que supuestamente no se correspondían con su condición sacerdotal. Según las autoridades, posteriormente se le permitió regresar a su residencia «en perfectas condiciones». Sin embargo, el comunicado no identificó las propiedades investigadas, no explicó el motivo de su detención ni proporcionó confirmación independiente de su estado actual.

Para muchos nicaragüenses, estas garantías no han logrado calmar sus temores.

Varios sacerdotes exiliados sostienen que la detención del obispo refleja un patrón más generalizado, más que un incidente aislado. Un sacerdote anónimo observó que incluso orar públicamente por la Iglesia perseguida o por los nicaragüenses exiliados puede exponer al clero a represalias. Otro describió la Nicaragua actual como un lugar donde los sacerdotes continúan ejerciendo su ministerio en constante incertidumbre, advirtiendo que prácticamente cualquiera puede ser detenido sin previo aviso.

El obispo Mata ocupa un lugar singular en la historia reciente del país.

Tras servir como obispo de Estelí durante más de tres décadas, desde 1990 hasta su jubilación en 2021, se hizo ampliamente conocido por su defensa de los derechos humanos, su intervención en temas sociales y su crítica a los abusos de poder. El exembajador de Nicaragua, Arturo McFields, lo describió como una de las últimas voces eclesiásticas valientes que aún quedaban en Nicaragua, sugiriendo que su autoridad moral lo convertía en una figura incómoda para el gobierno.

Su desaparición coincide con la publicación del Índice Global de Persecución de International Christian Concern, que sitúa a Nicaragua como uno de los países donde las condiciones para los cristianos se han deteriorado más significativamente.

Según el informe, más de 388 millones de cristianos en todo el mundo —aproximadamente uno de cada siete creyentes— viven bajo altos niveles de persecución o discriminación debido a su fe. Nicaragua figura junto a países como Nigeria, Siria e India como una nación donde la libertad religiosa enfrenta una presión creciente.

El informe sostiene que el gobierno nicaragüense ha atacado sistemáticamente la vida religiosa deteniendo o haciendo desaparecer a cientos de sacerdotes, religiosas y otros trabajadores de la Iglesia, al tiempo que ha intensificado la vigilancia de los sermones, monitoreado a las organizaciones religiosas independientes y reforzado el control sobre las comunicaciones de base religiosa.

Para abordar estos abusos, International Christian Concern insta a los gobiernos a acelerar los procedimientos de asilo para el clero exiliado, fortalecer la asistencia a las parroquias y organizaciones de la sociedad civil clausuradas por el régimen y ampliar las sanciones selectivas contra altos funcionarios nicaragüenses, incluidos el presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo.

El informe también identifica fuerzas más amplias que alimentan la persecución anticristiana en todo el mundo, como el nacionalismo religioso, el control gubernamental autoritario sobre las comunidades religiosas, el terrorismo, la represión transnacional y las restricciones legales que socavan la libertad de conciencia. Sin embargo, también señala una paradoja sorprendente: a pesar de la creciente presión, las comunidades cristianas siguen creciendo en algunos de los entornos más hostiles del mundo, mientras que muchos creyentes responden a la represión con una resiliencia notable en lugar de rendirse.

Los acontecimientos en Nicaragua han reforzado la preocupación de que el clima político pueda volverse aún más restrictivo. Durante las celebraciones del cuadragésimo séptimo aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente Ortega declaró que Nicaragua no volvería a celebrar elecciones, insistiendo en que los partidos de oposición apoyados por intereses extranjeros jamás podrían recuperar el poder. Sus declaraciones representaron uno de los rechazos públicos más claros hasta la fecha a la competencia electoral.

El anuncio se produjo en un contexto de crecientes críticas internacionales.

A principios de este año, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó al gobierno de Ortega-Murillo como «un enemigo de la humanidad» al anunciar restricciones de visado a más de cien funcionarios nicaragüenses acusados ​​de implementar las políticas represivas del régimen. Analistas han argumentado que Nicaragua se ha vuelto estratégicamente importante para China, Rusia e Irán, fortaleciendo la posición internacional del gobierno a pesar del creciente aislamiento diplomático de muchas democracias occidentales.

La concentración de poder se ha acelerado constantemente en las últimas dos décadas.

Tras regresar al poder en 2007, Ortega se benefició de cambios constitucionales y judiciales que eliminaron los límites al mandato presidencial. Su esposa, Rosario Murillo, primero fue vicepresidenta y, posteriormente, tras las reformas constitucionales adoptadas en 2025, asumió el cargo de copresidenta, de nueva creación. Un informe posterior de las Naciones Unidas sobre derechos humanos denunció que altos funcionarios establecieron estructuras paralelas para desviar fondos públicos, financiar la represión y coordinar violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra quienes consideraban sus opositores.

En este contexto más amplio, la desaparición del obispo Mata ha adquirido una trascendencia que va más allá del destino de una sola persona.

Para muchos observadores, se ha convertido en un símbolo de la creciente escasez de voces morales independientes dentro de Nicaragua. A lo largo de la historia moderna, la Iglesia Católica ha sido a menudo una de las pocas instituciones capaces de pronunciarse públicamente en nombre de quienes carecen de poder político. Cuando obispos, sacerdotes y comunidades religiosas se convierten en blanco de intimidación, argumentan muchos defensores de los derechos humanos, el problema ya no se limita a los asuntos internos de la Iglesia, sino que abarca la cuestión más amplia de si la sociedad civil misma puede seguir funcionando libremente.

Por eso, los llamados a que se demuestre el bienestar del obispo Mata siguen multiplicándose.

Ya provengan de obispos, sacerdotes exiliados, organizaciones internacionales o gobiernos extranjeros, todos se basan en el mismo principio: independientemente de las discrepancias políticas, toda persona tiene derecho a la libertad, al debido proceso y a un trato humano.

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