(ZENIT Noticias / Londres, 15.09.2026).- Durante casi dos siglos, una peculiar norma del ordenamiento constitucional británico permaneció prácticamente invisible, ya que ningún católico ocupó el número 10 de Downing Street. La llegada de Andy Burnham como primer ministro cambió esta situación. Lo que había perdurado como una reliquia histórica se convirtió de repente en una cuestión práctica: ¿podía un primer ministro católico ejercer todas las funciones constitucionales inherentes a su cargo? El gobierno británico ha decidido que la respuesta debe ser afirmativa.
En septiembre, el gobierno presentó formalmente el Proyecto de Ley de Nombramientos Eclesiásticos (Derogación de la Disposición Discriminatoria), una legislación diseñada para eliminar las restricciones legales que impedían a un primer ministro católico o judío asesorar al monarca sobre los nombramientos en las iglesias establecidas. El proyecto de ley es deliberadamente limitado, pero su importancia se remonta a los conflictos religiosos que moldearon el Estado británico.
El problema inmediato surgió tras la llegada de Burnham al cargo de primer ministro católico de Gran Bretaña. Según la Ley de Alivio Católico Romano de 1829, un católico tiene prohibido asesorar al soberano, directa o indirectamente, sobre los nombramientos en la Iglesia de Inglaterra o la Iglesia de Escocia. Una restricción similar para los judíos se mantuvo en la Ley de Alivio para los Judíos de 1858.
En lugar de infringir la legislación, Burnham anunció el 10 de septiembre que había transferido su responsabilidad constitucional en materia de nombramientos eclesiásticos al Lord Canciller Alex Norris. El gobierno argumentó que ya no era aceptable que la religión de una persona le impidiera ejercer parte de las responsabilidades constitucionales del cargo de primer ministro.La legislación que ahora se debate en el Parlamento eliminaría esa barrera.
Sin embargo, no conviene exagerar su efecto práctico. El papel del primer ministro en la elección de obispos de la Iglesia de Inglaterra ya se ha reducido sustancialmente. Desde las reformas introducidas en 2007, la Comisión de Nombramientos de la Corona de la Iglesia de Inglaterra presenta un candidato preferido al primer ministro, quien asesora formalmente al monarca. El primer ministro ya no elige entre dos nombres, como ocurría anteriormente.
Por lo tanto, la reforma propuesta no se centra tanto en otorgarle a Burnham un nuevo y poderoso papel en la selección de obispos, sino en eliminar un requisito religioso para el ejercicio de un cargo público.
Esa distinción es importante porque la estructura constitucional británica sigue profundamente marcada por la religión. La Iglesia de Inglaterra no es simplemente otra entidad religiosa que opera junto al Estado. Es la iglesia oficial, y el monarca es su Gobernador Supremo. El ordenamiento constitucional también exige que el soberano esté en comunión con la Iglesia de Inglaterra, lo que significa que la prohibición de que un católico sea rey o reina sigue siendo una cuestión independiente de la restricción que ahora se impugna.
El nuevo proyecto de ley no modifica los requisitos religiosos que rigen la Corona. Aborda la posición del primer ministro.
El origen de esta distinción se encuentra en la Reforma y la posterior lucha por definir el carácter religioso de la monarquía británica. La ruptura de Enrique VIII con Roma condujo al establecimiento de la supremacía real sobre la Iglesia de Inglaterra, mientras que la Reforma escocesa produjo un ordenamiento eclesiástico protestante diferente al norte de la frontera. El Acta de Establecimiento de 1701 reforzó posteriormente el carácter protestante de la sucesión.
La emancipación católica en 1829 eliminó muchas de las barreras que habían excluido a los católicos de la vida pública. Los judíos recibieron un alivio similar en 1858. Sin embargo, ambas medidas dejaron restricciones específicas respecto a los nombramientos eclesiásticos. En términos legales, la antigua legislación no era meramente simbólica: también se extendía a los asesores de los ministros y podía acarrear graves consecuencias para quien la infringiera.
Durante generaciones, esta disposición pudo mantenerse vigente sin ser sometida a prueba al más alto nivel porque no había un primer ministro católico. Burnham hizo que la contradicción fuera imposible de ignorar.
Esta misma historia explica también por qué el tema tiene una importancia que va más allá de la cuestión técnica de quién propone un nombre al Palacio de Buckingham. La población católica británica pasó siglos transitando de la exclusión a la plena participación en la vida pública. Un católico ahora puede liderar el gobierno, determinar la política nacional y ejercer las inmensas responsabilidades del cargo de primer ministro, pero hasta esta reforma no podía desempeñar personalmente una tarea constitucional específica debido a su fe.
La restricción se aplica específicamente a católicos y judíos. No impidió que el primer ministro hindú Rishi Sunak ni el primer ministro ateo Keir Starmer ejercieran la misma función. Tampoco ha sido un obstáculo para todos los políticos con una trayectoria religiosa compleja. Benjamin Disraeli, el único primer ministro británico nacido en el judaísmo antes de la reforma de Burnham, fue bautizado en la Iglesia de Inglaterra de niño y, por lo tanto, no se vio afectado por la prohibición legal.
La historia de Boris Johnson ilustra la complejidad de esta cuestión. Bautizado católico de niño y confirmado posteriormente en la Iglesia de Inglaterra, Johnson fue considerado anglicano durante su mandato como primer ministro, aunque su boda católica en 2021 reavivó las dudas sobre si podrían aplicarse las antiguas restricciones. La ambigüedad legal nunca se puso a prueba de la misma manera que el catolicismo abiertamente profesado de Burnham.
Existe además una importante ironía histórica en el hecho de que la legislación esté siendo modificada por un primer ministro católico precisamente porque la antigua norma se había vuelto prácticamente relevante. Durante gran parte de su vigencia, no fue necesario cuestionar dicha disposición. Su supervivencia se vio facilitada por la ausencia de alguien directamente designado para el cargo que regulaba.
Por ello, la reforma puede entenderse como parte de una evolución más amplia en el enfoque británico hacia la libertad religiosa. La cuestión no es si el Estado debe borrar la histórica relación constitucional entre la Corona y la Iglesia de Inglaterra. El gobierno no propone eso. Tampoco se trata de eliminar los requisitos religiosos inherentes a la monarquía: se trata de determinar si la fe personal de un primer ministro debe condicionar las funciones constitucionales que puede desempeñar.
La Iglesia Anglicana de Inglaterra ha apoyado el cambio, mientras que la Sociedad Secular Nacional había presionado previamente al gobierno para que eliminara lo que consideraba disposiciones discriminatorias. El título formal del proyecto de ley —Ley de Nombramientos Eclesiásticos (Derogación de Disposiciones Discriminatorias)— deja claro que el gobierno considera que las restricciones restantes son incompatibles con el principio contemporáneo de que el cargo público no debe estar condicionado por la identidad religiosa.
Para los católicos británicos, el simbolismo probablemente tenga mayor importancia que las consecuencias administrativas. Una ley nacida en una época en que el catolicismo era visto con recelo está siendo reconsiderada en un momento en que un católico puede estar al frente del gobierno británico sin que ello le impida ejercer la plena autoridad constitucional del cargo.
Lo sorprendente no es que se haya permitido a un primer ministro católico asesorar al rey sobre nombramientos anglicanos, sino que Gran Bretaña ha llegado a un punto en el que tal posibilidad ya no debe considerarse una anomalía constitucional.
La estructura del Estado británico, heredada de la Reforma, permanece intacta. Pero una de sus barreras religiosas más antiguas está siendo desmantelada desde dentro.
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