Influencer vinculado al Partido MORENA, de México, ofrece pago por matar a obispo de Aguascalientes

(ZENIT Noticias / Aguascalientes, 11.10.2026).- Una oferta de 40,000 pesos mexicanos a quien atacara al obispo Juan Espinoza Jiménez de Aguascalientes ha provocado la condena de la jerarquía católica mexicana, llamados de protección por parte de legisladores estatales y una investigación penal por amenazas en línea. El episodio también ha reavivado una cuestión más amplia que enfrenta la Iglesia en México: si sus obispos y sacerdotes pueden hablar públicamente sobre violencia, desapariciones y la rendición de cuentas del gobierno sin convertirse ellos mismos en blanco de ataques.

La controversia se intensificó luego de que un mensaje atribuido al influencer José Lápiz ofreciera el dinero a cambio de un ataque contra Espinoza. La publicación incluía insultos dirigidos a sacerdotes. Tras las crecientes críticas, Lápiz supuestamente cuestionó si sus palabras debían tomarse literalmente, pero continuó haciendo comentarios hostiles contra miembros de la Iglesia y se refirió a ofrecer dinero por sus cabezas. El mensaje fue posteriormente eliminado.

La amenaza surgió en medio de un debate público sobre el papel de la Iglesia en la vida política y social mexicana. En su homilía en la Catedral de Aguascalientes el 27 de septiembre, Espinoza exhortó a los católicos a juzgar a los funcionarios públicos por los resultados de sus políticas, y no por promesas o retórica. Cuestionó lo que describió como contradicciones entre los llamados oficiales a la libertad y el pluralismo y las amenazas de prisión contra quienes discrepan de las decisiones del gobierno. También puso en tela de juicio las pretensiones de soberanía nacional en un país donde las organizaciones criminales siguen ejerciendo una influencia destructiva.

El obispo también llamó la atención sobre la difícil situación de las familias que buscan a sus parientes desaparecidos. Estas llamadas madres buscadoras se han convertido en un poderoso símbolo de la crisis de desapariciones en México, presionando a menudo a las autoridades para que brinden respuestas cuando las investigaciones y los compromisos oficiales no dan resultados. Espinoza argumentó que los ciudadanos deben evaluar si las promesas de apoyo se traducen en una ayuda real.

Su mensaje no se limitó a la crítica a los líderes políticos. Hizo un llamado a los católicos a participar en los asuntos públicos, mantenerse informados sobre sus comunidades y exigir rendición de cuentas por medios respetuosos y democráticos. Los ciudadanos, insistió, también deben examinar su propia conducta y preguntarse qué pueden aportar al bien común. Desde esta perspectiva, la responsabilidad de denunciar las injusticias va de la mano con el deber de actuar con coherencia en la propia vida.

Una semana después, el 4 de octubre, el obispo Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana y obispo de Cuernavaca, abordó las amenazas contra Espinoza durante su homilía dominical. Castro reconoció que no podía estar seguro de la gravedad de la oferta denunciada, pero advirtió que tales mensajes podrían tener como objetivo intimidar a los obispos debido a sus intervenciones públicas.

Su respuesta fue inequívoca: «No podemos permanecer en silencio». El compromiso social, argumentó, no es un añadido opcional a la vida cristiana, sino que emana del Evangelio mismo. Los llamados a que la Iglesia se limite a la sacristía —el espacio de la iglesia donde el clero se prepara para el culto— le impedirían abordar el sufrimiento y la injusticia que se viven fuera de los muros de la iglesia.

Castro también describió la responsabilidad cristiana de contribuir a la construcción de una sociedad en la que se respete la dignidad de cada persona y la violencia deje de ser una forma normal de resolver conflictos. Su argumento refleja una concepción católica arraigada de que la misión de la Iglesia incluye tanto el culto como la defensa de la dignidad humana en la vida pública. Hablar de problemas sociales no significa que los obispos deban convertirse en operadores de partidos políticos; significa que las amenazas no deben determinar qué temas pueden abordar.

El caso ha trascendido las expresiones de solidaridad. El 7 de octubre, el fiscal estatal Manuel Alonso García anunció que la Unidad de Delitos Cibernéticos estaba investigando el asunto. Lo describió como un asunto grave que no podía ignorarse y señaló que también habían aparecido otros mensajes amenazantes dirigidos al obispo. Las autoridades, afirmó, tenían la intención de examinar la información disponible en lugar de desestimar los posibles riesgos para su seguridad personal.

Figuras políticas y cívicas locales también se han pronunciado. La legisladora estatal Nancy Gutiérrez solicitó al gobierno de Aguascalientes que brindara protección a Espinoza. Jaime Castro, presidente del Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes, expresó su apoyo al obispo y rechazó los intentos de intimidarlo. El portavoz de la organización, Alan Capetillo, dijo que estaban evaluando la credibilidad y el alcance de la amenaza antes de decidir si emprenderían acciones legales.

Las preocupaciones se basan en un historial generalizado de violencia contra el clero católico. El 20 de junio de 2022, los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados dentro de una iglesia en Cerocahui, Chihuahua, tras intentar proteger a un hombre perseguido por un agresor armado. La Compañía de Jesús exigió justicia y mayor protección para las comunidades locales.

El 20 de octubre de 2024, el padre Marcelo Pérez Pérez, sacerdote indígena tsotsil conocido por su labor de construcción de paz y mediación, fue asesinado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, tras celebrar misa. Según informes, había recibido amenazas relacionadas con su trabajo con comunidades afectadas por la violencia. La conferencia episcopal solicitó una investigación exhaustiva y transparente, así como medidas efectivas para proteger a los sacerdotes y combatir la impunidad.

Más recientemente, el 15 de septiembre de 2026, el padre Román de la Cruz Hernández, párroco de Santa Cruz en la diócesis de Huejutla, fue hallado muerto con heridas de bala en el estado de Hidalgo. La Conferencia Episcopal y el obispo José Hiraís Acosta Beltrán de Huejutla exigieron que se esclareciera el homicidio y se buscara justicia. Acosta también advirtió contra las especulaciones y llamó a la paz y la reconciliación.

Las circunstancias de estos casos difieren, y la amenaza en línea reportada contra Espinoza no debe equipararse automáticamente con los asesinatos consumados de otros sacerdotes. Sin embargo, en conjunto, explican por qué la Iglesia considera la seguridad de su clero una preocupación apremiante en un país donde la violencia criminal y la impunidad han afectado a numerosas comunidades.

La prueba inmediata para las autoridades de Aguascalientes es establecer la credibilidad de las amenazas, determinar responsabilidades y tomar las medidas de protección adecuadas.

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