(ZENIT Noticias / Washington, 01.03.2026).- Mientras la Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para escuchar uno de los casos más trascendentales relacionados con la inmigración en décadas, los obispos católicos del país han intervenido directamente en el debate, instando a los jueces a preservar la ciudadanía por nacimiento y advirtiendo que abandonarla cruzaría no solo una línea constitucional, sino también moral.
En un escrito amicus curiae presentado ante el alto tribunal, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos argumentó que eliminar la concesión automática de la ciudadanía a los niños nacidos en territorio estadounidense sería «inmoral», legalmente infundado e incompatible con los principios fundamentales de la doctrina social católica. El caso, cuya vista oral está prevista para el 1 de abril, coloca a los obispos en oposición directa a una controvertida orden ejecutiva firmada por Donald Trump en su primer día de mandato.
Esta orden busca negar la ciudadanía estadounidense al nacer a los niños cuyos padres ingresaron al país ilegalmente o vivían en Estados Unidos sin estatus legal al momento del nacimiento del niño. Casi inmediatamente, la medida desencadenó demandas legales por parte de padres cuyos hijos fueron denegados de la ciudadanía bajo la nueva política. Estas demandas argumentan que la ciudadanía por nacimiento no es una política discrecional, sino una garantía constitucional arraigada en la Decimocuarta Enmienda.
La disputa ha llegado ahora a la Corte Suprema de Estados Unidos, que debe decidir si el poder ejecutivo tiene la autoridad para restringir un principio que ha moldeado la ley de ciudadanía estadounidense durante más de un siglo. La intervención de los obispos replantea la cuestión, insistiendo en que el caso no puede reducirse a cuestiones técnicas de jurisdicción o interpretación estatutaria.
Según el escrito, la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda —adoptada en 1868 tras la Guerra Civil— fue diseñada precisamente para evitar la creación de clases hereditarias excluidas de la plena participación en la sociedad. «Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción», declara la enmienda, «son ciudadanos de los Estados Unidos». Para los obispos, desmantelar esa protección resucitaría las mismas injusticias que la enmienda pretendía eliminar.
Los obispos también se basan en la tradición jurídica occidental y la teología moral católica para respaldar su argumento. Sostienen que negar la ciudadanía a los hijos basándose en la situación legal de sus padres socava la dignidad inherente del niño y debilita a la familia, dos aspectos centrales de la doctrina católica. En sus palabras, las leyes que perjudican a niños inocentes o los reducen a un estatus legal secundario exigen resistencia moral, especialmente cuando reflejan patrones históricos de exclusión.
La historia legal en torno a la ciudadanía por nacimiento añade mayor complejidad. En 1898, la Corte Suprema falló ampliamente a favor de la ciudadanía por nacimiento, reconociendo solo excepciones limitadas. Sin embargo, la Corte nunca ha decidido directamente un caso que involucre a niños nacidos de padres que residen ilegalmente en el país. Esta laguna ha permitido a la actual administración argumentar que el texto constitucional da margen para la reinterpretación, un argumento que los obispos rechazan firmemente.
La Red Católica de Inmigración Legal se une a los obispos en el escrito, enfatizando las consecuencias prácticas de despojar de la ciudadanía a niños que no han conocido otro país. Juntas, las organizaciones argumentan que la incertidumbre jurídica seguiría a estos niños durante toda su vida, afectando el acceso a la educación, el empleo y la participación cívica.
No todas las voces católicas coinciden. La presentación ha provocado una reacción pública negativa entre algunos académicos católicos y comentaristas conservadores, quienes acusan a los obispos de confundir las decisiones políticas prudenciales con la doctrina moral vinculante. El filósofo Joshua Hochschild, de la Universidad Mount St. Mary’s, sugirió que un escrito de contraamicus podría articular lo que describió como un enfoque católico más matizado, que reconoce la diversidad legítima en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda, sin dejar de ser fiel a la doctrina de la Iglesia.
Kevin Roberts, presidente de la Fundación Heritage, fue más allá y desestimó el argumento de los obispos como una defensa política más que teológica. Señaló el Catecismo de la Iglesia Católica, que afirma tanto el deber de las naciones prósperas de acoger a los migrantes como el derecho de los estados a regular la inmigración y exigir respeto por sus leyes. Para críticos como Roberts, el énfasis de los obispos en la dignidad humana parece, en su opinión, aplicado de forma selectiva.
Los analistas jurídicos ajenos a los debates eclesiásticos también advierten contra asumir un resultado inevitable. Andrew Arthur, exjuez de inmigración y actual investigador de políticas en el Centro de Estudios de Inmigración, ha señalado que la ciudadanía por nacimiento sin restricciones es relativamente poco común en todo el mundo. Según World Population Review, solo 36 países, incluido Estados Unidos, la mantienen sin condiciones, mientras que muchos otros imponen restricciones. Arthur observa que ni siquiera la Santa Sede practica la ciudadanía por nacimiento y que varias naciones europeas se han alejado de ella en los últimos años.
Aun así, Arthur admite que la administración enfrenta obstáculos importantes. Sugiere que la Corte podría optar por un camino estrecho, limitando en lugar de abolir la ciudadanía por nacimiento, o dictaminar que solo el Congreso, no el presidente, tiene autoridad para alterar una norma tan fundamental. Cualquiera de estos resultados dejaría sin resolver el debate político y moral más amplio.
Lo que distingue a este caso no es solo su novedad jurídica, sino la forma en que expone visiones contrapuestas de nacionalidad, responsabilidad y pertenencia. Al presentar la ciudadanía por nacimiento como una prueba de cómo una sociedad trata a sus miembros más vulnerables, los obispos estadounidenses han elevado deliberadamente la apuesta. Cuando los jueces escuchen los argumentos en el caso Trump v. Barbara el próximo mes, se les pedirá no sólo que interpreten el texto constitucional, sino que también sopesen cómo la ley define quién pertenece plenamente a la comunidad estadounidense.
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