Rafael Manuel Tovar
(ZENIT Noticias / Managua, 15.08.2023).- El Gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, dio la orden de congelar las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por los jesuitas, según confirmaron fuentes oficiales que pidieron quedar en el anonimato.
La UCA ha sido vigilada por el Gobierno de Nicaragua desde la crisis social y política de 2018 por estar alineada con los opositores. Las autoridades nicaragüenses no informaron a la Universidad de alguna investigación sobre su contabilidad o sobre el origen de sus fondos. Esta intervención contra la UCA se suma a la detención en febrero y a la acusación contra el obispo jesuita Rolando Álvarez, que sigue en la cárcel del Gobierno.
Las autoridades de la UCA han expuesto a colaboradores y proveedores la dificultad para atender los pagos pendientes: «Lamentamos los inconvenientes y les estaremos informando una vez que sea posible procesar pagos en nuestra caja central y canales alternos (…), por los inconvenientes en nuestros canales y medios de pago ajenos a nuestra voluntad».
Es oportuno reflexionar que, además del ataque opresivo que sufren las instituciones católicas, como informó Zenit el 25 de julio, la expulsión de nicaragüenses y el manejo de las remesas familiares que llegan al país, suponen un negocio para el régimen de Ortega, según informó el diario El País, de España. “Es una política de expulsión y exclusión”, revela Latin American Advisor, de Diálogo Interamericano, titulada “Indicadores sobre la situación económica nicaragüense en 2023: factores de dependencia y opciones de presión”. Ahí se manifiesta que la economía nicaragüense no crece, por lo que la llegada de divisas provenientes de los migrantes en Estados Unidos supone un alivio para las familias. Eso sí: Daniel Ortega critica al imperio norteamericano, aunque se frota las manos con la llegada de las divisas producidas por el trabajo de los migrantes en el país del norte.
El Registro Público anunció que ha inmovilizado todos los bienes inmuebles de la UCA, por petición de la Procuraduría General de la República. Otra fuente, que pide ocultar su nombre, confirmó que las autoridades del Gobierno nada notificaron sobre la congelación de los fondos.
