BRUSELAS, 23 abril 2001 (ZENIT.org).- El 17 de abril comenzó en Bruselas (Bélgica), el proceso contra cuatro ruandeses de Butare, entre los que se encuentran dos religiosas. Todos ellos son acusados de complicidad con el genocidio de 1994, en el que murieron unos 800 mil tutsis y hutus moderados.
Se trata del primer proceso abierto por el Tribunal civil de un país occidental por los crímenes ligados al genocidio del 94. Los cuatro acusados se encuentran refugiados en Bélgica. El principal acusador de las dos religiosas –Consolata Mukanango (sor Gertrude) y Julienne Mukabutera (sor Maria Kisito)–, es Emmanuel Rekeraho, quien en la primavera de 1994 dirigía las milicias que perpetraron las masacres en Sovu, cerca de Butare, al sur del país africano.
«Si bien no utilizaron armas para matar a la gente –ha declarado Rekeraho ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)–, sor Gertrude y sor Kisito sacaban a los tutsis de su escondite y nos los entregaban. Compartían nuestro odio por los tutsis».
Se trata de un proceso excepcional, en el que serán escuchados 171 testigos, de los cuales unos cincuenta vendrán de Ruanda. Tendrán que analizar lo que sucedió después de que el 6 de abril de 1944 estallaran las masacres en el país. En la prefectura de Butare, sin embargo, la violencia no llegó. Estaba dirigida por un tutsi, Jean-Baptiste Habyalimana, quien se opuso frontalmente. Por este motivo, tuvo que presentar su dimisión el 17 de abril. Dos días después, el presidente interino de Ruanda llegó a Butare para hacer un llamamiento a favor las masacres.
Varios miles de personas salieron de sus casas para refugiarse en el convento de Sovu. El 22 de abril entre 5 y 7 mil refugiados del centro de salud del convento fueron asesinados. Ahora queda por demostrar si sor Gertrude y sor Kisito fueron cómplices o si, por el contrario, no pudieron hacer nada para oponerse a la violencia, como ellas confiesan al igual que algunos testigos.
Cuando los combatientes tutsis procedentes de Uganda, en julio de 1994, conquistaron la región de Butare, las religiosas fueron evacuadas hacia el entonces Zaire y después hacia Francia. Finalmente se unieron al convento benedictino de Maredret (Bélgica). Allí negaron siempre las acusaciones de la prensa.
En el genocidio la Iglesia católica pagó un precio tremendo. Según informa la agencia misionera de la Santa Sede, Fides, fueron asesinados tres obispos (y un cuarto es considerado «desparecido» desde noviembre de 1996), 123 sacerdotes y más de 300 religiosas de varias congregaciones. Juan Pablo II, en el Angelus del 15 de mayo de 1994, en pleno conflicto, fue el primero en calificar las masacres de Ruanda como genocidio. Declaró: «Todos tendrán que responder de sus crímenes ante la historia y, sobre todo, ante Dios».
El superior de la Congregación benedictina de la Anunciación, el padre Celestine Cullen, intervino en 1995, cuando las acusaciones se expandían por la prensa: «Yo mismo pude interrogar a personas que fueron testigos directos de los acontecimientos. La información que he podido recoger desmiente formalmente las acusaciones. Me da pena el ver que estas acusaciones se lanzan contra religiosas, de las que no puedo poner en duda ni su buena fe ni sus actos».
Los otros imputados en el proceso son el ex ministro Alphonse Higaniro (51 años) y el profesor universitario Vincent Ntezimana (39 años). Se les acusa de haber inspirado y organizado las masacres de tutsis en la región de Butare.
Un jurado popular juzgará las acusaciones. En caso de condena, podrían los inculpados podrían ser condenados a cadena perpetua. Todos se han confesado inocentes. El proceso debería durar unos dos meses.
El primer proceso en Europa contra un ruandés acusado de participar en el genocidio se celebró a finales de los años noventa, en la Corte marcial suiza. El imputado, Fulgende Niyonteze, de 36 años ex alcalde de Mushubati, fue condenado a cadena perpetua. Al presentar un recurso, obtuvo una importante reducción de la pena: catorce años de cárcel. Al final de los mismos será expulsado de la Confederación Suiza.
