MANAGUA, viernes, 8 diciembre 2006 (ZENIT.org).- El arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Brenes, pidió el pasado 3 de diciembre al presidente electo de Nicaragua, Daniel Ortega, cumplir su promesa de campaña de no permitir ocupaciones de tierras.
Monseñor Brenes dijo creer en la palabra de Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quien afirmó que no permitirá «ni una pulgada de toma de terreno» durante su mandato que se inicia el 10 de enero de 2007.
El arzobispo de Managua –que respondió a preguntas de los periodistas sobre un conflicto de propiedad en el municipio de Tola, que ha enfrentado a colonos con inversores de los Estados Unidos por sus playas- dijo que el problema de la propiedad es complicado y recordó que, cuando fue arzobispo de Matagalpa, él actuó como mediador en innumerables conflictos de propiedad.
«El problema de la propiedad es un problema complejo. Durante trece años y medio en Matagalpa yo estuve mediando y a veces intercediendo para que se evitara esto (las invasiones), yo he escuchado el gran clamor que dice: no más tomas», explicó monseñor Brenes.
«Creo que esto lo han dicho los gobernantes, como los candidatos electos, el señor Daniel Ortega, que no se permita ni una pulgada de toma de terrenos, ojalá que esto sea una realidad y que todos empecemos por algo: respetar», agregó el arzobispo, quien recordó que en sus años de estudios en México escuchó la frase de Benito Juárez: «El respeto al derecho ajeno es la paz».
«Es un reto tanto para los alcaldes, como para el Gobierno central, procurar viviendas, procurar un pedacito de tierra, porque también tenemos el otro problema que es que tenemos algunos vivianes», indicó el arzobispo. Recordó que «hay algunos que toman la tierra, se les da su pedacito y después la van a vender».
Aunque Ortega pidió a sus bases que no invadan tierras, algunos pobladores de diferentes puntos del país han ignorado esa recomendación.
En Tola, la semana pasada, hubo tres personas heridas tras el intento de algunos pobladores de tomar una propiedad que está en disputa entre una cooperativa, que ya había sido disuelta y liquidada, y un grupo de inversores.
En Las Salinas de Nahualapa, Tola, Rivas, la comunidad indígena del sector mantiene una disputa con el inversor, Philip Christopher, por una franja de las playas de Popoyo.
Otros dos conflictos por propiedad de tierras se dieron en Río Blanco y en Las Salinas Grandes, León. En Managua se han dado al menos seis tomas de tierras en las últimas semanas.
Los problemas de la propiedad son una herencia del Gobierno sandinista (1979-1990) y han costado al Estado 1,6 millones de dólares en los últimos 15 años para pagar indemnizaciones, según cifras oficiales.
El mayor escándalo de esa época, conocido popularmente como «La Piñata», fue el reparto entre líderes sandinistas y sus allegados de propiedades confiscadas a la familia Somoza, militares y otros ex funcionarios somocistas en 1990.
Ortega reconoce que existe un problema en cuanto a la propiedad de carácter nacional y que su solución es crucial, aunque indica que hay que resolverlo de forma ordenada y sin emprender acciones violentas.
