VERONA, jueves 11 de septiembre de 2008 (ZENIT.org).- La pobreza extrema y el sueño de una vida mejor en un país distinto: son casi siempre éstos los elementos que empujan a millones de mujeres, a menudo casi niñas, al infierno del tráfico y la prostitución en las calles de Occidente.
Según los datos de los organismos internacionales, al menos 12,5 millones de personas son víctimas del tráfico en el mundo, de las que al menos medio millón están en Europa, con una ganancia para la criminalidad organizada estimada en alrededor de 10.000 millones de euros al año.
De estos temas se trató en la Conferencia Europea «Liberemos a las mujeres de la prostitución», que se ha celebrado en Verona entre el 3 y el 7 de septiembre pasados, en el Centro unitario para la Cooperación Misionera (CUM), por iniciativa de la Unión Mundial de las Organizaciones Feministas Católicas (WUCWO/UMOF).
La WUCWO/UMOFes una asociación internacional que reúne organizaciones feministas, así como la componente femenina de asociaciones y movimientos de laicos, que trabajan en las comunidades eclesiales de todo el mundo.
Su objetivo es promover la participación y la corresponsabilidad de las mujeres católicas en la vida de la Iglesia.
Pertenecen a este organismo cerca de 100 asociaciones de todos los continentes. En Europa forman parte de él asociaciones de España, Francia, Suiza, Alemania, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Gran Bretaña, Polonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Italia, Austria, Malta y Grecia.
Las asociaciones europeas decidieron desarrollar el tema de las nuevas pobrezas elegido en la asamblea mundial del 2006, poniendo una atención particular en el tema del tráfico de mujeres.
«En esta plaga de nuestro tiempo -afirma Maria Giovanna Ruggieri, Vicepresidente de Umofc Europa -se entrecruzan dos grandes nuevas formas de pobreza: la material de quien se ve abocado a usar su propio cuerpo para sobrevivir, y la moral de quien está convencido de que todo puede comprarse, incluso las mujeres y, a menudo, también los niños».
«Se trata de un fenómeno planetario», explica Paola Degani, profesora en el Centro interdepartamental de investigación y servicios sobre los derechos de las personas y de los pueblos de la Universidad de Padua.
«Para afrontarlo es necesaria una coordinación entre los instrumentos legislativos, y también métodos de monitorización para poder confrontar los datos», añade.
Es muy importante, subraya la investigadora, «distinguir la noción de tráfico de la de inmigración candestina. En esta última «se establece un acuerdo entre quien no dispone de medios lícitos para emigrar y los traficantes, que se extingue con el pago del precio. Se trata de un delito contra la ley de inmigración de los Estados».
En cambio, en el tráfico de mujeres, «las personas son trasladadas de un país a otro con el própósito de utilizarlas, para trabajo, matrimonios forzados o prostitución. Hay una grave violación de los derechos fundamentales de la persona y de su derecho a la seguridad y la protección».
En este sentido, la Unión Europea adoptó en 2002 una decisión marco en la que instaba a los Gobiernos a criminalizar la trata, y después, en el año 2004, la directiva marco 81 preveía un permiso de residencia temporal para las víctimas que colaboraran con las autoridades.
«Hay que tener presente, sin embargo -añade la profesora -que las leyes no bastan si no se atacan los mecanismos que están en la base del fenómeno: por un lado, la persistencia en los países de origen de situaciones estructurales de pobreza, y la dificulta legal para emigrar».
Por otro lado, es necesario, añadió, «combatir la fuerte demanda de trabajo a bajo coste y la amplia demanda de prestaciones sexuales» en los países de destino.
Por Chiara Santomiero, traducción de Inma Álvarez
