CIUDAD DEL VATICANO, 16 enero 2003 (ZENIT.org).- Si bien en la militancia política de un católico hay espacio a la pluralidad, en los temas que afectan al respeto de la persona y de la vida, el creyente sólo puede optar por los principios morales fundamentales, recuerda la Santa Sede.
La constatación aparece en la «Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política» publicada este jueves por la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la aprobación de Juan Pablo II.
El documento reconoce que el político o el votante católicos en general pueden votar por una pluralidad de partidos, dado el «el carácter contingente de algunas opciones en materia social».
Esta apertura constata el que «a menudo sean moralmente posibles diversas estrategias para realizar o garantizar un mismo valor sustancial de fondo», o «la posibilidad de interpretar de manera diferente algunos principios básicos de la teoría política», así como la complejidad técnica de buena parte de los problemas políticos».
De este modo, reconoce, se dan generalmente «una pluralidad de partidos en los cuales puedan militar los católicos para ejercitar –particularmente por la representación parlamentaria– su derecho-deber de participar en la construcción de la vida civil de su País».
Ahora bien, esta constatación «no puede ser confundida, sin embargo, con un indistinto pluralismo en la elección de los principios morales y los valores sustanciales a los cuales se hace referencia».
«La Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin duda expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opciones políticas, sólo se hace posible en la medida en que se funda sobre una recta concepción de la persona», aclara.
El respeto de la persona, subraya, es «un principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas, pues de lo contrario se menoscabaría el testimonio de la fe cristiana en el mundo y la unidad y coherencia interior de los mismos fieles».
Por este motivo recuerda «que quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana».
