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Obispos del Perú © Conferencia Episcopal Peruana

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Perú: Los obispos llaman a la “responsabilidad” frente a los conflictos sociales del país

Derrame de petróleo en Datem del Marañón

(ZENIT – 19 julio 2019).- La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana ha expresado recientemente que el diálogo es el mejor medio para alcanzar y garantizar la paz social, a raíz del conflicto social que ha generado la aprobación de la licencia de construcción de la mina de cobre “Tía María” en una zona agrícola del sur del país a la empresa Southern Peru Copper Corporation, del Grupo México.

Mons. Miguel Cabrejos, presidente del episcopado peruano, manifiesta que “así como el intercambio honesto y transparente de posiciones colabora con solucionar conflictos, pensamos que la responsabilidad de los actores permitirá darles una salida pacífica a situaciones como la de Tía María, en Arequipa, la del derrame de petróleo en Datem del Marañón, en Loreto, entre otros”.

Así, han los prelados han declarado:

  1. Las empresas tienen la responsabilidad de buscar el crecimiento económico sostenible en armonía con la equidad social, especialmente con comunidades originarias y el cuidado del medio ambiente; del mismo modo, deben absolver cualquier tipo de dudas y temores en torno a sus actividades extractivas, y colaborar en el establecimiento de canales de diálogo, con transparencia y honestidad. La lógica de la rentabilidad no puede oponerse a su responsabilidad para con la vida digna de las poblaciones de influencia directa o indirecta de sus proyectos y el medio ambiente.
  2. Los gobiernos regionales y locales deben tener vocación al diálogo. Están llamados a tutelar el ambiente de sus comunidades y a trabajar arduamente por el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. Los primeros llamados a trabajar en esta tarea son ellos, más allá de cualquier acción de responsabilidad social por parte de las empresas privadas.
  3. Al gobierno nacional le cabe promover el desarrollo integral, institucionalizar las mesas de diálogo y velar por el cumplimiento de todos los acuerdos, dentro de un diálogo equitativo y bien informado, garantizando la compatibilidad de la actividad empresarial con la sostenibilidad social y ambiental.

Esto pasa por crear mecanismos de vigilancia y supervisión en los que participen el mismo Estado y las comunidades afectadas. La construcción de confianza está estrechamente vinculada a la verdad, a la fiabilidad mutua y al rol que cumpla un Estado neutral y garante de derechos.

  1. El compromiso de las comunidades es participar y opinar con responsabilidad y libertad, teniendo en cuenta no solo el bien propio sino el bien común de la región y del país. Al mismo tiempo que poseen el legítimo derecho a la protesta, dentro del marco legal deben asegurar que sus manifestaciones sean pacíficas, sin alterar el orden público, y sin obstaculizar el normal funcionamiento de la vida social en la región. Es su responsabilidad mantenerse abiertas a un diálogo sin posiciones extremas, evitando conflictos y facilitando el desarrollo integral.

El bien común y el desarrollo sostenible son frutos de la responsabilidad de todos los actores sociales y en definitiva de todos los peruanos, como nos invita la Sagrada Escritura, que “tengan vida y vida en abundancia” (Juan 10,10).

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