10 años de eutanasia en Canadá: 27 muertes por día… 10 mil por año. Y ahora van por los enfermos mentales

(ZENIT Noticias / Otawwa, 22.06.2026).- Diez años después de que Canadá legalizara la llamada Asistencia Médica para Morir (AMD), el país se encuentra en el centro de uno de los debates éticos más trascendentales de la era moderna. Lo que comenzó en 2016 como una respuesta estrictamente regulada al sufrimiento al final de la vida se ha convertido en uno de los sistemas de muerte asistida más grandes del mundo, generando tanto elogios por parte de sus partidarios como creciente alarma entre líderes religiosos, defensores de los derechos de las personas con discapacidad y organizaciones provida.

El aniversario, conmemorado el 17 de junio, se celebra en medio de estadísticas alarmantes. Desde que el suicidio asistido y la eutanasia se hicieron accesibles en todo el país tras un fallo de la Corte Suprema en 2015 y la legislación subsiguiente, más de 100.000 canadienses han fallecido mediante la AMD. Datos gubernamentales muestran que 16.499 personas utilizaron el programa solo en 2024, mientras que algunas estimaciones sitúan el total de 2025 cerca de 18.000 muertes, aproximadamente una de cada veinte en el país.

El crecimiento ha sido notable. Entre 2019 y 2022, las muertes anuales por eutanasia aumentaron en más del 30 % cada año. Si bien el ritmo de crecimiento se ha ralentizado en los últimos años, el número total sigue en aumento, lo que convierte a Canadá en el país con el mayor volumen de casos de eutanasia a nivel mundial.

Las críticas al sistema se han intensificado a medida que se han ampliado los criterios de elegibilidad. Inicialmente, el acceso se limitaba principalmente a personas cuya muerte natural se consideraba razonablemente previsible. Los cambios legislativos introducidos en 2021 ampliaron la elegibilidad para incluir a personas cuya muerte no es inminente, pero cuyas afecciones se consideran graves e irremediables.

El siguiente punto de debate se centra en la enfermedad mental. Canadá ha pospuesto hasta 2027 una propuesta de ampliación que permitiría el acceso a la eutanasia cuando la enfermedad mental sea la única afección subyacente. La propuesta ha generado preocupación no solo entre grupos religiosos, sino también entre organizaciones de derechos de las personas con discapacidad y organismos internacionales.

En 2025, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad instó a Canadá a no seguir adelante con la ampliación. Inclusion Canada, una de las principales organizaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad del país, también ha argumentado que extender la muerte asistida a personas con enfermedades mentales pondría a los ciudadanos vulnerables en mayor riesgo.

Las preocupaciones no son meramente teóricas. Los críticos señalan informes de fallos de procedimiento y deficiencias en la supervisión. Un estudio de 2024 reveló que los reguladores de Ontario habían identificado más de 400 infracciones o irregularidades relacionadas con los procedimientos de la muerte asistida desde 2018, incluyendo problemas de elegibilidad e informes, sin que se produjeran procesamientos. Incluso la Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica, que impulsó la legalización inicial, ha pedido mayores garantías.

Historias provenientes del sistema de salud han avivado aún más la inquietud pública. Informes recientes incluyen el caso de un sacerdote católico que se recuperaba de una fractura de cadera y a quien supuestamente se le ofreció la muerte asistida en dos ocasiones durante su tratamiento, lo que reavivó las preguntas sobre si a los pacientes vulnerables siempre se les presentan alternativas que afirman la vida antes de considerar la eutanasia.

Entre los críticos más acérrimos de la trayectoria de Canadá se encuentran los obispos católicos del país. Con motivo del décimo aniversario, la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá reafirmó la oposición de la Iglesia a la eutanasia y al suicidio asistido, haciendo hincapié en que la dignidad humana no desaparece con la enfermedad, la discapacidad, la dependencia o la vejez.

Los obispos instaron a los canadienses a no resignarse a lo que describieron como la normalización de la muerte asistida. En cambio, pidieron una mayor inversión en cuidados paliativos, acompañamiento compasivo y apoyo práctico para quienes sufren. También reiteraron su petición de impedir que se extienda la elegibilidad a personas cuya única condición sea una enfermedad mental.

Su declaración refleja un tema central de la doctrina católica que a menudo se malinterpreta en el debate público. La Iglesia distingue entre permitir la muerte natural cuando los tratamientos se vuelven desproporcionados y provocar la muerte intencionadamente. Si bien los católicos apoyan el manejo eficaz del dolor y los cuidados paliativos, rechazan la eutanasia porque consideran que toda vida humana posee una dignidad inherente hasta la muerte natural.

Los defensores de la vida se han hecho eco de estas preocupaciones. Alex Schadenberg, de la Coalición para la Prevención de la Eutanasia, argumenta que muchas solicitudes de muerte asistida no surgen de un dolor físico incontrolable, sino de sentimientos de aislamiento, pérdida de sentido o miedo a convertirse en una carga. La Coalición Campaign Life ha advertido de manera similar que Canadá corre el riesgo de sustituir la muerte por una atención genuina, especialmente cuando los servicios de salud mental, el apoyo a las personas con discapacidad o los recursos paliativos siguen siendo insuficientes.

Al mismo tiempo, la experiencia canadiense parece estar influyendo en los debates internacionales. Según los opositores a la eutanasia, varias jurisdicciones han ralentizado o reconsiderado recientemente las iniciativas de suicidio asistido tras observar la rápida expansión del sistema canadiense. Señalan los retrocesos legislativos en lugares como Escocia y Eslovenia como prueba de que los legisladores de otros países están examinando el modelo canadiense con creciente cautela.

Dentro del propio Canadá, algunas provincias están intentando reforzar las protecciones. Alberta ha propuesto medidas que reforzarían el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, afirmarían la capacidad de los pacientes para buscar atención médica de profesionales que no participen en la eutanasia y evitarían que el personal médico inicie conversaciones sobre la muerte asistida a menos que los propios pacientes planteen el tema.

Diez años después de su legalización, el programa canadiense de asistencia médica para morir (MAID, por sus siglas en inglés) se ha convertido en mucho más que una política sanitaria. Ahora se sitúa en el centro de un profundo debate nacional sobre el sufrimiento, la autonomía, la discapacidad, la enfermedad mental, la ética médica y el valor que la sociedad otorga a la vida humana vulnerable.

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