GOMBE, Nigeria, 10 dic 2000 (ZENIT.org).- Una comisión nombrada por el Gobierno del estado de Gombe, al norte de Nigeria, para que considerara las implicaciones de la sharia, el controvertido código legal islámico, ha concluido asegurando que el pueblo no desea la ley islámica tal como ha sido propuesta por el Gobierno.
Hablando en la presentación del informe de la Comisión de Implementación de la Sharia, el 15 de noviembre, el presidente de la Comisión, Mela Audu Nunghe, dijo, en declaraciones publicadas por la agencia Compass, que en torno al 98% de los entrevistados en el estado se oponen a la introducción de la sharia, a causa de las divisiones que creará.
Nunghe, abogado, al comunicar las recomendaciones de la Comisión, en la que participan tanto musulmanes como cristianos, explicó que es necesario tomar en consideración la necesidad de mantener la coexistencia pacífica entre las diversas etnias y grupos religiosos del Estado.
«Mientras que muchos entrevistados reconocen y aceptan el derecho de los individuos y los grupos a practicar y propagar su religión, como está previsto en la sección 38 de la Constitución de la República Federal de Nigeria –aclaró Nunghe–, prácticamente todos detestan el uso del aparato, la maquinaria y recursos del Estado y las consecuentes discriminaciones espirituales, psicológicas, económicas y políticas para hacer prevalecer el interés del Islam sobre otros credos, especialmente el cristianismo».
La reciente decisión del Gobierno del estado de Gombe de introducir la sharia condujo a choques violentos entre cristianos y musulmanes y la destrucción de propiedades por valor de millones de dólares. Veinticinco personas murieron en Bambam.
Al parecer, la violencia forzó al gobernador Alhaji Abubakar Habiu Hashidu a poner en marcha la comisión para ulteriormente considerar las implicaciones de la aplicación de la ley islámica.
Tras recibir el informe de la comisión y las recomendaciones, Hashidu, de religión musulmana, dijo: «Alá todopoderoso nos guiará hacia la decisión correcta de manera que cada uno de nosotros en este joven Estado pueda seguir conviviendo con los demás en el modo y manera en que nuestros abuelos lo hicieron».
Hashidu dijo que su Gobierno examinará el informe para asegurarse de que «nadie resulta engañado o discriminado».
