BOLONIA, 11 junio 2001 (ZENIT.org).- Llamar la atención de los grandes del mundo reunidos en la cumbre de los países más industrializados (G-8), que se celebrará a mediados de julio en Génova, es el objetivo de la Unión de Juristas Católicos Italianos, según lo decidieron en un congreso en Bolonia, clausurado por el presidente nacional Giuseppe Dalla Torre este fin de semana.
Dalla Torre presentó un documento, que busca preparar la cumbre de Génova, en el que pide al Gobierno italiano –como prevé la ley de ese país 209 del 25 de julio de 2000– que consulte el parecer del Tribunal Internacional de Justicia sobre la coherencia entre las normas internacionales sobre la deuda externa de los países en desarrollo con los principios generales del derecho, los derechos humanos y de los pueblos.
Ante los vacíos jurídicos internacionales en esta materia, los juristas piden la creación por parte de la Asamblea de la ONU de una comisión internacional dedicada a la deuda, encargada de traducir en hechos propuestas conformes con las indicaciones del Tribunal para la solución de los problemas de la deuda externa.
Una estrategia que, según afirma el texto de los juristas católicos, debería ser apoyada con una reforma de las instituciones financieras internacionales de cara a una participación universal, con una representación equilibrada de los países en vías de desarrollo, así como la transparencia y el carácter democrático de los procesos de decisiones.
En concreto, los juristas consideran que debería cambiar la norma que sólo admite la cancelación de la deuda de países pobres cuyo montante supera el 150% de las exportaciones. La nueva regla debería tener en cuenta, antes que nada, la inversión necesaria para garantizar la supervivencia digna de la población.
Monseñor Attilio Nicora, presidente de la Comisión eclesial italiana para la reducción de la deuda externa en los países más pobres, definió como muy «valioso» el documento de los juristas católicos «porque ha sido poco tenida en cuenta la propuesta de disminución o cancelación de la deuda de los países en vías de desarrollo».
Nicora destacó su deseo de que los organismos supranacionales se decidan por la reforma: «Hasta que los países necesitados no tengan voz –dijo–, seguiremos repitiendo esquemas que podemos definir como coloniales».
