SANTO DOMINGO, 5 agosto 2001 (ZENIT.org).- En las cárceles de la República Dominicana militares matan impunemente a los detenidos. Esta es la dramática denuncia que hizo este sábado el padre Christopher Hartley, capellán de la prisión General Pedro Santana de San Pedro de Macorís, al presidir el funeral de un recluso.
Torturas inhumanas, abusos sexuales…, fueron algunas de las prácticas que se dan en las cárceles del país, denunciadas por el sacerdote en la homilía de una misa celebrada en el mismo lugar en el que fue asesinado el recluso Víctor Manuel Espíritu Santo.
El sacerdote reveló que Espíritu Santo, quien se había convertido al cristianismo y era catequista, fue asesinado de un tiro por la espalda a manos de un soldado del Ejército, para el que pidió que se le aplique todo el peso de la ley.
Tras una investigación realizada por la Iglesia católica, el capellán explicó que, a diferencia de lo reportado por las autoridades militares a los medios de comunicación, los soldados que intervinieron en el incidente no dispararon al aire.
«Víctor Manuel murió asesinado a sangre fría a manos de hombres uniformados, murió de un balazo canalla por la espalda –denunció el sacerdote en la homilía–. Murió del disparo de un hombre con uniforme del Ejército de la República Dominicana cuyos destinos la Divina providencia y la voluntad soberana del pueblo le ha confiado guiar y no hay cosa más baja en este mundo que disparar un tiro por la espalda a un hombre inocente, un hombre bueno, un hombre desarmado».
«No es la muerte de nuestro hermano Víctor Manuel Espíritu Santo el primer homicidio que se comete en este lugar infame a manos del Ejército Nacional, porque mucha es la sangre que en nombre del Estado se ha derramado en el patio de esta cárcel», añadió.
Asimismo, demandó que se acabe de una vez por todas con el abuso a que son sometidos los familiares de los reos, a cuyas mujeres se les toca de forma indecente y les roban el donativo que llevan a sus parientes.
El padre Hartley ha enviado una carta al presidente de la República Dominicana y a las autoridades judiciales en el que presenta estas denuncias y exige que se ponga inmediata solución a la situación de violación de los derechos fundamentales que impera en las cárceles del país.
