BUDAPEST, 21 noviembre 2001 (ZENIT.org).- «Estamos combatiendo una guerra comparable a la de Afganistán». Son palabras de Stephen Woodhouse, director de la oficina central de Unicef en Europa, uno de los ponentes en la Conferencia sobre «Protección de la infancia de la explotación sexual», promovida por el Consejo de Europa y el Gobierno húngaro, que se celebra en Budapest (Hungría), con vistas a la cita internacional de Naciones Unidas que se tendrá en Yokohama (Japón), del 17 al 20 de diciembre próximos.
Según estimas definidas «prudentes» hay más de un millón de niños en el mundo que son víctimas de explotación sexual: obligados a prostituirse o a realizar actos sexuales ante las cámaras para alimentar el mercado de la pornografía infantil. Un mercado que ha experimentado una difusión sin precedentes en parte debido a las posibilidades que ofrece Internet.
«Asistimos –explica la profesora Liz Kelly, del Centro de Estudios sobre abusos sexuales de la North London University– a esta tendencia: Europa occidental representa, con el turismo sexual y un altísimo nivel de consumo de pornografía infantil, el mercado privilegiado para la explotación de los menores y el tráfico de mujeres y niños, que tiene como base los países del Centro-Este de Europa».
Un negocio millonario llevado a cabo por auténticas bandas criminales, sumamente feroces y con fuertes conexiones internacionales, que actúan casi sin problemas en países donde es menos fuerte la presencia del Estado (baste pensar en las zonas con conflictos bélicos) y donde existen agudas situaciones de pobreza y miseria, según se ha constatado en el encuentro.
«La explotación sexual de niños con fines de lucro –afirma Guy De Vel, director general de Asuntos Legales del Consejo de Europa– se está convirtiendo en un fenómeno transnacional y está a menudo conectado con la criminalidad organizada. De aquí la urgente necesidad de promover la cooperación entre los estados e impulsarles a tomar medidas drásticas contra este delito horrible tanto a nivel interno como internacional».
La gravedad de esta plaga impone por tanto una concertación y una colaboración internacional a todos los niveles: político, legislativo, judicial e investigativo.
Este miércoles en Budapest 140 países de Europa y Asia Central aprueban un documento que representa la aportación del área a la Conferencia de Yokohama. La línea es la de la «tolerancia cero» contra todo tipo de explotación sexual infantil, lo que significa golpear duramente además de a los «productores» a los «consumidores».
De aquí la petición de penalizar incluso la simple posesión de material pornográfico infantil y de tener la posibilidad de procesar en su patria a los llamados «turistas del sexo», la mayor parte de los cuales no pueden ser definidos pederastas en sentido estricto sino personas «normales» que, donde no hay controles y seguros de la impunidad, se trasladan a países lejanos, a menudo con la complicidad de agencias turísticas sin escrúpulos, para probar la sensación de una relación con un menor.
La represión legal del fenómeno representa, según los expertos reunidos en Budapest, un importante paso adelante en la lucha contra la explotación sexual infantil.
Pero no es todo. Para el profesor Stewart Asquith, de la Universidad de Glasgow, se debe dar mucha importancia a la prevención.
Esto significa, en especial, realizar campañas de información y de formación en las que se impliquen padres, educadores, niños y jóvenes, organizaciones religiosas, deportivas, recreativas y más en general, la opinión pública. El objetivo final es el de promover una mayor conciencia del hecho de que los niños, igual o más que cualquier ser humano, son portadores de derechos inalienables.
