ROMA, 23 diciembre 2001 (ZENIT.org).- Sin consulta pública, se presentó en noviembre al Parlamento de Kazajstán un nuevo proyecto de ley sobre la libertad religiosa que pretende limitar la expansión de los grupos religiosos «no tradicionales», informa el servicio de noticias Keston.
La principal asociación de organizaciones religiosas protestantes de Kazajstán (AROK), afirma en declaraciones a Keston: «El 28 de noviembre tropezamos con el último intento del Gobierno de forzar al Parlamento a adoptar una ley que podría invadir los derechos religiosos y libertades de nuestro país».
La ley de religión de Kazasjtán fue adoptada el 15 de enero de 1992, pero ha habido repetidos intentos en los últimos años de enmendarla. Desde finales de 1998, el Gobierno ha realizado cinco borradores de nueva ley, el último fue presentado al Parlamento el pasado marzo.
Este borrador contenía numerosas cláusulas discriminatorias sobre la fe y la edad, y restringía la
libertad religiosa ilegalmente. Proponía, por ejemplo, que tanto el registro de las asociaciones religiosas islámicas como la construcción o la apertura de mezquitas debería ser sólo por iniciativa de la Administración Espiritual de los Musulmanes de Kazajstán.
También elevaba el número de personas requeridas para formar una asociación religiosa de 10, con la ley actual, a 50. Proponía hacer las medidas de inscripción en el registro más estrictas: aumentar el número de documentos a ser registrados e introducir un requisito de análisis por un experto en religión.
El informe «Amenazas a las libertades religiosas en Kazajstán: legislación y práctica», publicado por la Comisión Helsinki de Almaty en julio de 2001, indicaba dos «innovaciones» en el borrador de ley que calificaba de «ofensivas»: el requerimiento de licencia para la actividad educativa religiosa y la prohibición de la actividad misionera que no fuera sometida a un proceso obligatorio de registro, cuya naturaleza no era definida por la ley.
El borrador de ley sin embargo preveía una pena criminal para la actividad misionera llevada a cabo sin registro (tras haber infringido las reglas sobre registro), extendiéndola a prisión de más de un año.
Aunque el borrador de ley fue retirado en agosto de este año, tras la intervención de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y las asociaciones públicas kazajas, el actual proyecto de ley es prácticamente una copia de su precursor.
Es verdad que el nuevo borrador no considera trabajo caritativo la actividad misionera y en consecuencia no requiere que sea registrada. Ni propone pena criminal para la actividad misionera llevada a cabo sin registro. Sin embargo, todas las otras cláusulas que restringen los derechos de los creyentes han sido mantenidas en el nuevo proyecto de ley.
«Evidentemente, las autoridades nos están haciendo ningún secreto del hecho de que pretenden intensificar el control de los creyentes –dice Fokina–. En el preámbulo del borrador de ley, se
afirma claramente que pretende limitar la expansión de los grupos religiosos «no tradicionales» en Kazajstán».
«Estamos desagradablemente sorprendidos de que el borrador de ley fuera presentado al Parlamento sin una consulta pública inicial», declara Birgit Kainz, especialista de derechos humanos de la oficina de la OSCE en Almaty.
«En nuestra opinión, no hay necesidad de formular un nuevo proyecto de ley. La ley existente sobre libertad de conciencia y de asociaciones religiosas responde a los estándares legales internacionales y no tenemos problemas con ella».
El abogado con sede en Almaty Roman Podoprigora, especializado en temas religiosos, opina de manera diversa. «La ley existente sobre libertad de conciencia y asociaciones religiosas fue «plagiada» de la ley soviética –explica–. E los últimos diez años, la vida ha cambiado sustancialmente y la ley naturalmente necesita algunos retoques. Si los cambios propuestos en el actual borrador de ley son precisamente los cambios requeridos esa es otra cuestión».
