CIUDAD DEL VATICANO, 3 julio 2002 (ZENIT.org).- La Santa Sede ha ofrecido una suma de dinero simbólica al Fondo creado por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, para apoyar el establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), informó la Misión de Observación de la Santa Sede ante la ONU en un comunicado de prensa.
El anuncio se hizo público con motivo del nacimiento de la CPI, el 1 de julio, en La Haya, después de que su Estatuto fuera adoptado en la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas, celebrada en Roma el 17 de julio de 1998.
La CPI es el primer tribunal permanente encargado de juzgar y castigar los crímenes de genocidio y de guerra.
Al anunciar esta iniciativa, la Misión de Observación de la Santa Sede ante la sede de la ONU en Nueva York recuerda las palabras del Mensaje de Juan Pablo II para la Jornada Mundial de la Paz de 1999: «Un signo positivo de la creciente voluntad de los Estados de reconocer la propia responsabilidad en la protección de las víctimas de tales crímenes y en el compromiso por prevenirlos, es la reciente iniciativa de una Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas, que, con una deliberación específica, ha aprobado los Estatutos de una Corte Penal Internacional, destinada a determinar las culpas y castigar a los responsables de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y de agresión. Esta nueva institución, si se constituye sobre buenas bases jurídicas, podría contribuir progresivamente a asegurar a escala mundial una tutela eficaz de los derechos humanos».
«Quien viola los derechos humanos, ofende la conciencia humana en cuanto tal y ofende a la humanidad misma –continúa diciendo el comunicado de la Misión de Observación de la Santa Sede ante la ONU citando palabras del Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz del año siguiente, 2000–. El deber de tutelar tales derechos transciende, pues, los confines geográficos y políticos dentro de los que son conculcados. Los crímenes contra la humanidad no pueden ser considerados asuntos internos de una nación. En este sentido, la puesta en marcha de la institución de una Corte Penal que los juzgue es un paso importante. Tenemos que dar gracias a Dios que siga creciendo, en la conciencia de los pueblos y las naciones, la convicción de que los derechos humanos, universales e indivisibles, no tienen fronteras».
Tanto Estados Unidos como Rusia se han opuesto a la creación de la CPI, según los Estatutos aprobados para su funcionamiento.
