ROMA, 25 julio 2002 (ZENIT.org).- En la presentación de una investigación de iniciativa parlamentaria, el titular del Ministerio de Sanidad de Perú ha pedido públicamente perdón por las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo por el Gobierno Fujimori.
Este último, refugiado en Japón, corre el riesgo de ser incriminado por genocidio.
Julia recuerda que un equipo de médicos llegó a su aldea prometiendo a todos bienestar y salud. Pasados unos días, empezaron a hacer un censo de los habitantes, mujeres y hombres, para esterilizarlos. Quien se negaba, era amenazado y obligado a la fuerza.
La historia de Julia es sólo una de los centenares de miles de casos de esterilización forzada practicados durante los diez años del gobierno del destituido presidente Alberto Fujimori, refugiado en Japón para huir de los numerosos delitos que se le imputan.
Lo revelan los datos de un informe dado a conocer por el actual ministro de Sanidad, Fernando Carbone Campoverde, que ha pedido públicamente perdón a los peruanos por esta campaña de «atentados contra la vida».
El estudio ministerial señala que sólo el 10% de las más de 314.000 personas sometidas al denominado «Programa de contracepción quirúrgica voluntaria», lanzado en 1993, lo hizo voluntariamente pero siempre con la promesa de lograr el «bienestar familiar».
El programa se dirigía sobre todo a poblaciones campesinas e indígenas pobres, violando las leyes nacionales de tutela del derecho a la vida.
Por este motivo, Alberto Fujimori, que gobernó Perú, durante dos mandatos (1990-2000) podría ser incriminado por genocidio.
