LEÓN (MÉXICO), 9 diciembre 2002 (ZENIT.org).- Monseñor José Guadalupe Martín Rábago, obispo de León y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, habla sobre un tema candente: las deficiencias de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que se publicó hace diez años, en 1992, en México.
Si bien se reconocen avances, con disposiciones más abiertas y respetuosas, en México se mantiene un tenso clima de vigilancia, como si de evitar agresiones por parte de la Iglesia católica se tratara, reconoce el prelado en esta entrevista.
–Señor obispo: ¿cuál es el alcance actual que el derecho a la libertad religiosa tiene en la legislación mexicana?
–Monseñor Martín Rábago: De entrada puedo decir que la actual Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público emitida en 1992 fue un avance. Un avance, cierto, pero limitado. Tal vez era lo máximo que podía conseguirse en ese momento y circunstancia, que era un momento poco favorable para una reflexión serena que nos permitiera superar un pasado lleno de confrontaciones y de clara violación al derecho humano de la libertad religiosa.
–Un avance limitado, ¿deja sin tocar la esencia de la violación al derecho a la libertad religiosa del mexicano?
–Monseñor Martín Rábago: Las nuevas disposiciones, ciertamente más abiertas y respetuosas, conservan, sin embargo, un fondo en el que se percibe la intención de mantener a las iglesias, y en particular a la católica, sujetas al control estatal; revelando desconfianzas, como si se estuviera ante un adversario con el que hay que lograr pactos, pero manteniendo una vigilancia estrecha para evitar agresiones…
–¿Podría ejemplificar algunos de estos puntos?
–Monseñor Martín Rábago: Hay muchos puntos que dan idea de esta vigilancia estrecha, por citar uno: el artículo 16 del Capítulo tres afirma que las asociaciones religiosas y los ministros de culto no pueden poseer o administrar por sí mismos o por interpósita persona, concesiones para explotación de estaciones de radio, televisión o cualquiera tipo de telecomunicaciones, ni adquirir o poseer, o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva.
–También hay un artículo que regula la adquisición de los bienes inmuebles que la Iglesia quisiera adquirir…
–Monseñor Martín Rábago: En efecto, es el artículo 17, en el que se dice que es la secretaría de Gobernación la encargada de determinar si es indispensable o no la adquisición cualquier bien inmueble del que pretendan hacerse las asociaciones religiosas. Es decir, Gobernación tiene que emitir una declaración de procedencia.
–Mayor muestra de desconfianza es difícil encontrar en una legislación…
–Monseñor Martín Rábago: Es tanto como decir que en el fondo se nos considera como un riesgo o como en una condición de menores de edad, a quienes hay que estar tutelando para ver si la adquisición de propiedades es o no justificable.
–También hay un largo capítulo sobre sanciones. Un capítulo ridículo. ¿Cómo lo siente la Iglesia católica?
–Monseñor Martín Rábago: Nos preocupa, primero, la extensa lista de infracciones posibles, por ejemplo, la infracción que consiste en «convertir» un acto religioso en «reunión de carácter político»; o lo que sea «oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas»… Y, segundo, que todo queda en manos del subjetivismo de los jueces, además de que las disposiciones están llenas de ambigüedades. Por lo que toca al monto de las sanciones, éstas van desde 20 mil días de salario mínimo hasta la cancelación del registro de la asociación religiosa. Realmente, sanciones muy rígidas.
–¿Percibe usted en la ley un deseo de «igualar» a las asociaciones religiosas de la Iglesia católica con las que surjan de las demás iglesias?
–Monseñor Martín Rábago: Es recurrente esta actitud de fondo en la Ley, Entiendo que los poderes públicos no son quién para emitir juicios de valor sobre los contenidos de determinada creencia religiosa; sin embargo, en el caso de la Iglesia católica se debería tomar en cuenta que ha sido forjadora, en gran parte, de la cultura nacional; ha acompañado la historia de la nación desde su nacimiento; agrupa a 87 por ciento de los mexicanos; contribuye con un aporte social enorme en beneficio de la salud, la educación y el cuidado, principalmente, de los pobres. ¿Cómo puede igualarse a cualquier grupo pequeño, recién instalado en el país y con poca o nula aportación social?
–Pero, ¿y el principio de la libertad religiosa para todos?
–Monseñor Martín Rábago: Es cierto que este principio se debe imponer, pero dentro del marco de respeto a una justicia proporcional. Mire usted lo que sucede con las prerrogativas a los partidos políticos. Todos tienen derecho a hacer propaganda, a alcanzar el poder, pero no tienen las mismas atribuciones financieras. Éstas se les dan de acuerdo al número de votos que hayan obtenido, en torno al número de militantes, etcétera.
–Por último, monseñor, obviamente hay molestia de la Iglesia por la forma como el Estado «otorga» el reconocimiento de una asociación religiosa, ¿no es así?
–Monseñor Martín Rábago: Por supuesto. De nuevo, la discrecionalidad, en este caso de la secretaría de Gobernación. Una de las disposiciones dice que se reconocerá en una asociación religiosa «el que cuente con un notorio arraigo entre la población». ¿Cuál es el significado y los límites de esta afirmación? Cosa tan ambigua ha dado lugar al reconocimiento igualitario de miles de asociaciones religiosas.
–¿En síntesis?
–Monseñor Martín Rábago: En síntesis, si bien no es posible en este momento (así lo creemos) alcanzar una legislación verdaderamente respetuosa de las exigencias del derecho a la libertad religiosa, por principio debemos manifestar, con toda claridad, lo que dice la declaración conciliar «Dignitatis Humanae»: «La Iglesia católica requiere, para el cumplimiento de la misión recibida de Cristo mismo, un régimen jurídico que reconozca la libertad religiosa con todas sus implicaciones y sanciones su ejercicio con sinceridad».
Por Jaime Septién, director de El Observador
