El arzobispo de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián, había pedido al Parlamento navarro que modificara ese párrafo, ya que, a su juicio, era injurioso, y que de no alterarlo, «por un deber de justicia, yo me vería obligado a defender la verdad públicamente y a buscar amparo y justicia en las instancias competentes».
La Junta de Portavoces, con la abstención de la Unión del Pueblo Navarro (UPN), no acogió la petición de monseñor Sebastián y decidió mantener sin modificaciones el acuerdo parlamentario. Terminada la reunión en la que se aprobó la iniciativa, el secretario general del Partido Socialista de Navarra (PSN), Juan José Lizarbe, autor del texto, admitió que éste «contiene algunas expresiones duras», pero que «reflejan una situación que, sin duda, también fue dura».
Según datos comprobados, 13 obispos, cerca de 13.000 sacerdotes y religiosas y miles de laicos fueron asesinados por su fe en la Guerra Civil Española (1936-1939).
Numerosos intelectuales ya han mostrado su rechazo al acuerdo parlamentario.
Según Fernando de Meer, profesor de Historia de la Universidad de Navarra, la resolución «me parece un acto de desprecio a la verdad».
«Al recordar la bibliografía reciente sobre la historia de la guerra de España no encuentro un solo libro, de naturaleza científica, en el que puedan sustentarse las frases referidas a la Iglesia católica», subraya.
«Si leemos el libro de Hilari Raguer, «La pólvora y el incienso», sobre la Iglesia y la Guerra Civil española, veremos que respecto a la represión en la zona nacional, escribe: «Fueron plenamente responsables unas autoridades que siempre tuvieron el control de la situación». Se entiende claramente que esas autoridades eran las militares», añade.
«Si leemos a Fusi, Tusell, Redondo, Callahan, constataremos que los responsables de los fusilamientos y asesinatos fueron las autoridades de la zona nacional. La Jerarquía de la Iglesia pudo confiar en exceso en la actuación de los jefes de las unidades en los frentes, en la aplicación de la justicia en unos juicios sumarísimos o no reaccionar ante algunos actos de represión por venganza o actitudes políticas. Pero no hubo ni beneplácito ni participación», sostiene el historiador.
«Ciertamente, aquellas personas que murieron asesinadas o fusiladas por sus convicciones políticas o sociales merecen nuestro reconocimiento. Pero no comprendo como un acto de justicia deba utilizarse para intentar denigrar a la Iglesia católica», prosigue.
«Algunas veces, al leer juicios sumarísimos respecto a modos de comportamiento en la guerra de España, recuerdo unas palabras de Azaña: «Se tejerá una historia oficial para los vencedores, y acaso una antihistoria, no menos oficial, para los vencidos»», concluye.
Según Pío Moa, autor de varios trabajos de investigación sobre la guerra civil española, sobre el caso de los fusilamientos de Navarra, «hay un libro muy importante de Ramón Salas Larrazábal, que es una investigación muy a fondo del caso».
«Según Salas –aclara Moa–, el número de los fusilados está en torno a los 900, bastante lejos de la cifra que está manejando el Parlamento Navarro. Este libro, «Los fusilados en Navarra en la guerra de 1936″, está completamente olvidado cuando es el estudio más detallado que se ha hecho».
Respecto a si puede achacarse a la Iglesia una participación en esos fusilamientos, Moa afirma: «En general no. En algunos se abstuvo, en otros predicó la moderación y en otros la reconciliación. Pudo haber curas implicados –hay que recordar la persecución terrible que sufrió la Iglesia con la «bendición» de gran parte de las izquierdas–, pero la postura de la Iglesia fue en general entre la abstención y la petición de reconciliación, no sólo entre los prelados navarros sino los de toda España».
«Por tanto la acusación a la Iglesia tiene un pequeñísimo fundamento muy exagerado, y lo que busca es crear rencor, cuando ellos hicieron lo mismo o más. Y además, hay que dejar descansar de una vez a los muertos», considera.
