BUENOS AIRES, 7 noviembre 2003 (ZENIT.org–VERITAS).- El diputado del Congreso Nacional de la República de Perú, Héctor Chávez ha relatado este viernes en el Congreso Internacional Próvida que se celebra en Madrid la campaña de esterilización forzada que el segundo gobierno del ex presidente Alberto Fujimori puso en marcha entre 1995 y 2000 para impedir los nacimientos en las zonas más pobres y alejadas del país.
Sin embargo, en declaraciones a la agencia Veritas, Chávez ha dicho que «la cultura natural en Latinoamérica es a favor de la vida y respeto del ser humano».
La campaña de Fujimori se dirigió preferentemente a mujeres campesinas rurales y analfabetas y quechua hablantes; las consecuencias fueron 314.605 mujeres y 24.563 varones esterilizados en diez años.
Chávez cree que la herencia ancestral del Perú, «la cultura maravillosa y grandiosa como la inca, pone de manifiesto la solidaridad y el respeto».
«Tenemos una cultura ancestral provida, y desde entonces abonado y enriquecido por el cristianismo que nos llevó la madre patria, creo que a pesar de las situaciones de pobreza, miseria y postergación, aún está presente esa fibra
de respeto y consideración por el ser humano», afirmó el diputado a Veritas.
Para el diputado, ha existido una campaña política que no tiene que ver con la sensibilidad del pueblo y que «obedece a recetas internacionales e intereses supranacionales que nos quieren mutilar y apabullar para seguir ellos ejerciendo su hegemonía, su dominio, y no importándoles el ser humano».
«En Latinoamérica hay millones de dólares invertidos para cambiar la cultura y la actitud natural del pueblo peruano y sumirnos en un sufrimiento como el de las casi 400.000 esterilizaciones, la mayoría mujeres», ha afirmado el político provida.
«La lectura es clara –añade Chávez–, lo que tenemos que hacer los que amamos la vida y amamos nuestros países es a pesar de sentir amenazas (las ha tenido personalmente) decir las cosas como son, incluso si por decirlas el coste es la vida, les dejaré a mis hijos esta herencia: la gratitud a la vida por tenerla y que aprender a querer a su patria, a sus semejantes, a los ciudadanos del mundo y especialmente a sus paisanos».
El Programa de esterilización forzada del expresidente Fujimori estuvo, tal como denunció el diputado, financiado por importantes organismos internacionales, que tenían además una participación activa en su puesta en marcha.
Héctor Chávez presidió la Subcomisión Investigadora que se ocupó en el Congreso de este problema y que encontró numerosas irregularidades en «las anticoncepciones quirúrgicas voluntarias (AQVs)», como llamó el gobierno de Fujimori a las esterilizaciones.
La Subcomisión Investigadora llegó a varias conclusiones que la condujeron a afirmar que, con esta iniciativa, el gobierno de Fujimori había cometido un delito de genocidio, al violar el artículo 2º de la Convención de la Prevención del Delito de Genocidio que contempla en el inciso «d» «las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo».
Asimismo el artículo 319 del Código Penal Peruano establece «con pena privativa de la libertad no menor de veinte años al que, con intención de destruir, total o parcialmente a un grupo nacional o étnico, social o religioso, realiza cualquiera de los siguientes actos». El cuarto de los contemplados es nuevamente «medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo».
Aunque el Congreso peruano archivó por alianzas políticas los resultados de la investigación, sin embargo, la Fiscalía de la Nación ha iniciado en base a la denuncia de la Subcomisión una «sólida investigación» que presumiblemente acaba con la denuncia al ex presidente Fujimori por el delito de Genocidio por las esterilizaciones forzadas en Perú.
