Así lo expuso el arzobispo Celestino Migliore, observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, al intervenir el 14 de noviembre ante el comité de la Asamblea General que discutía sobre derechos humanos y libertades fundamentales.
El representante papal recordó que «el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la libertad de religión o de creencias ha recordado con frecuencia a las autoridades de varios países que todavía existen leyes y medidas administrativas que limitan o violan los derechos de creyentes o de grupos religiosos reconocidos formalmente por sus constituciones».
«En su último informe –recordó–, expresa preocupación por el aumento de restricciones administrativas a la libertad religiosa, refiriéndose particularmente al registro discriminatorio de los grupos religiosos y a la imposición de reglas específicas en ciertos países para recortar el derecho a la libertad religiosa, violando los estándares internacionales».
«En algunos países todavía se dan manifestaciones de intolerancia religiosa, como las serias prohibiciones a la educación religiosa de los niños y jóvenes o las restricciones en la concesión de visados al personal religioso», denunció
Mencionó asimismo «la falta de libertad en el uso de los medios de comunicación social con objetivos religiosos, el rechazo de permisos para construir nuevos lugares de culto; la propaganda que promueve el odio; declaraciones engañosas pronunciadas en ocasiones por autoridades públicas contra otras religiones, la destrucción y el daño irreparable de lugares santos».
Constató, además, «el “apartheid” religioso en ciertas actividades profesionales, la prohibición de participar en actos públicos de culto; la violencia contra las minorías religiosas, que han incluido el asesinato de líderes religiosos y de peregrinos».
«Es lamentable que ciertas legislaciones nacionales priven a sus ciudadanos de la libertad de cambiar de religión, incluso cuando lo hacen después de haber buscado la verdad honesta, libre y responsablemente, según los dictados de su conciencia», reconoció.
«Toda violación de la libertad religiosa, de manera abierta o subrepticia, acarrea un daño fundamental a la causa de la paz», aseguró.
«En este año, en el que celebramos el quincuagésimo quinto aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos –pidió–, no olvidemos que hay personas que son discriminadas por sus convicciones religiosas en varias partes del mundo».
«En este sentido –concluyó–, mi delegación comparte la idea de que el diálogo y la cooperación entre religiones puede contribuir a los esfuerzos de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales, regionales y nacionales para alcanzar la paz, la armonía y el entendimiento en el mundo».
