CIUDAD DEL VATICANO, 20 noviembre 2003 (ZENIT.org).- Juan Pablo II lanzó este jueves un llamamiento a promover «la dignidad del hombre, del emigrante y del refugiado» urgiendo a los Estados a que se adhieran a la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Emigrantes y sus Familias.
Así lo hizo ante los participantes del V Congreso Mundial para la Pastoral de los Emigrantes y Refugiados, recibidos en audiencia en el marco del encuentro que celebran esta semana en Roma bajo el lema «Recomenzar desde Cristo. Para una pastoral renovada de los emigrantes y refugiados».
El Instituto Patrístico «Augustinianum» es la sede de esta cita que, promovida por el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes –presidido por el cardenal Stephen Fumio Hamao— ha reunido a más de 300 expertos en la pastoral y atención a los emigrantes, así como a delegados de otras Iglesias y comunidades cristianas de 99 países.
Actualmente, existen en el mundo 175 millones de emigrantes y 40 millones de refugiados en el extranjero y desplazados en su propio país.
«La labor de promover el bienestar de los numerosos hombres y mujeres que por diversas razones no viven en sus tierras representa un vasto campo para la nueva evangelización, a la que está llamada toda la Iglesia», reconoció el Santo Padre ante los presentes.
También les recordó que una renovación pastoral no significa «inventar un “nuevo programa”. El programa ya existe. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta su perfeccionamiento» (Novo Millennio Ineunte, 29).
«Ésta es nuestra proclamación común de Cristo –subrayó–, que debe “llegar a las personas, modelar las comunidades e incidir profundamente mediante el testimonio de los valores evangélicos en la sociedad y en la cultura”» (ibid.).
De ahí que sea «precisamente en la sociedad y en la cultura» donde «debemos mostrar respeto por la dignidad del hombre, del emigrante y del refugiado», afirmó el Papa.
«Al respecto, una vez más apremio a los Estados a que se adhieran a la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Emigrantes y sus Familias, en vigor desde el 1 de julio de 2003», dijo.
De igual forma, Juan Pablo II solicitó a los Estados «respetar los Tratados Internacionales relativos a los refugiados».
«Dicha protección de la persona humana debe estar garantizada en toda sociedad civil y debe ser adoptada por todos los cristianos», concluyó.