ROMA, jueves, 29 enero 2004 (ZENIT.org). Una de los máximos expertos en Derecho de la Iglesia católica, el cardenal Mario F. Pompedda, considera que el proyecto de ley francés de prohibir signos religiosos en las escuelas puede poner en peligro el respeto de derechos fundamentales.
El purpurado italiano, prefecto de la Signatura Apostólica –Tribunal Supremo de la Iglesia–, ha escrito este jueves una carta al director del diario italiano «Il Giornale», «a título personal», en la que analiza la ley que aprobó este miércoles el Consejo de Ministros de Francia «en defensa de la laicidad».
El proyecto legislativo, que deberá presentarse ante la Asamblea Nacional el próximo 3 de febrero busca resolver los problemas surgidos en distintas escuelas en las que alumnas que se cubren la cabeza con el así llamado «velo islámico».
El proyecto de ley, de tres artículos, prohíbe «llevar de manera ostensible signos religiosos» en los centros escolares públicos.
El cardenal comienza dejando claro que el principio de la laicidad «en sí es importante y compartible». Ahora bien, al analizar la relación sobre la aplicación del principio de la laicidad, hecha por la Comisión presidida por Bernard Stasi –que ha orientado al gobierno en la redacción de la ley– constata que cayó en una especie de «divinización» de este concepto.
«Sí –subraya–, la laicidad es presentada como una especie de divinidad que tiene que dominar toda la vida de Francia. Este principio, que debería ser sinónimo de libertad, se convierte así en un rechazo dela libertad de las personas individuales».
Tras reconocer «el derecho del Estado a defenderse, y a defender y conservar la propia identidad, cultura y valores fundamentales», el purpurado italiano recuerda que es «necesario reconocer que el derecho a emigrar es uno de los derechos reconocidos a la persona por la Declaración de los Derechos Universales del Hombre».
«Estas poblaciones y estas comunidades tienen también el derecho fundamental de profesar su propia fe, sus propias convicciones religiosas y su propia cultura. Teniendo por límite el respeto del orden público», indica.
«El derecho a creer no sólo afecta a la profesión privada, en la propia casa o en el propio ámbito, sino también a la pública, y por tanto no se comprende por qué el Estado tiene que intervenir cuando no se perjudican los derechos del otro o no se dan problemas de orden público», confiesa.
El cardenal baja a lo concreto: «si llevar el velo es fruto de una imposición contra la voluntad de la mujer, el Estado puede impedir que esto tenga lugar porque se perjudica la libertad personal del individuo. Pero si quien lo lleva quiere llevarlo libremente, el Estado no puede obligarle a quitárselo».
«Me pregunto –confiesa–, ¿por qué motivo el Estado puede obligar a los estudiantes a no llevar, contra su voluntad, una prenda o un símbolo que hace referencia a la religión a la que pertenecen?».
«¿Por qué motivo se puede imponer una cierta manera de vestir a una muchacha para la clase de educación física si esto va contra sus convicciones profundas?», sigue preguntándose.
El cardenal recuerda que la «laicidad» está reconocida ya por Cristo cuando reconoce la legítima autonomía –«dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». La «laicidad» expresada por la Comisión Stasi, por el contrario, indica, «quiere imponer la nueva religión del laicismo».
«Si pasara este principio –concluye–, en vez de tutelar la libertad, se violaría, imponiendo reglas y concepciones que acaban por privar a la persona del derecho fundamental a orientar la propia vida privada según los dictados de la propia conciencia».
