GINEBRA, domingo, 15 febrero 2004 (ZENIT.org).- La Santa Sede ha constatado la grave responsabilidad que tienen las autoridades de los países que no se han adherido a la Convención internacional contra las minas antipersonales y ha pedido una movilización para atender a sus víctimas.
El arzobispo Silvano Maria Tomasi, observador permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, recogiendo la experiencia que ha vivido en Asia y África, donde ha estado en contacto con víctimas de estas armas, expuso la posición vaticana ante la primera reunión del Comité permanente de expertos de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonales, celebrada del 9 al 12 de febrero.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Otawa para la eliminación de las minas antipersonales hace cinco años, 141 Estados han firmado el acuerdo y se han comprometido a no usar bajo ninguna circunstancia estas armas, así como a prohibir su producción, almacenamiento y venta a otros países. Sin embargo, todavía hoy 45 países tienen minas enterradas en su territorio que acechan a la población civil, principal víctima de este tipo de armamento, según informaciones de Cruz Roja.
En 2003, entre 15.000 y 20.000 personas murieron o quedaron mutiladas tras pisar una mina terrestre, según esa misma fuente. El 23 por ciento de las víctimas eran menores de edad y una gran mayoría mujeres y pequeños campesinos. El coste para la rehabilitación de todas estas personas es enorme, sobre todo si se tiene en cuenta que fabricar y colocar una mina cuesta unos pocos dólares
«La Santa Sede da una importancia capital a la Convención de Ottawa, a su aplicación como medio de prevención y a su exigencia de una asistencia a las víctimas de estas armas espantosas», afirmó el arzobispo Tomasi.
«De hecho, el punto central de la Convención es el de prevenir que otras personas se conviertan en víctimas inocentes de estas armas viles, asesinas e inútiles», añadió.
Y, cuando ha faltado el conocimiento, la capacidad o la voluntad para tomar decisiones políticas o medidas prácticas para prevenir la producción y la diseminación de minas antipersonales –subrayó–, las autoridades nacionales y la comunidad internacional no tienen derecho a no reconocer su respectiva responsabilidad por las trágicas consecuencias causadas por las minas».
Monseñor Tomasi exigió al mismo tiempo que «las víctimas de las minas no se conviertan también en víctimas del olvido y la discriminación o en víctimas de una asistencia condescendiente».
«Las víctimas de las minas antipersonales son testigos inocentes de una visión equivocada de la seguridad –explicó–. Un gran número de países ha comprendido que las minas antipersonales, junto a sus efectos inhumanos y devastadores a largo plazo, son inútiles. Dan la ilusión de una seguridad artificial».
«El mayor riesgo es la tentación del desaliento ante una tarea tan enorme. Los desafíos de la destrucción de los depósitos o de su desactivación no deberían hacernos olvidar que las víctimas necesitan un constante compromiso nacional y una renovada solidaridad internacional durante largos años», concluyó.
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre se celebrará en Nairobi la Primera Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa. En ella, explicó el prelado, «debería tener un lugar preeminente de reflexión la difícil situación y el programa de asistencia a las víctimas de minas antipersonales».
