CIUDAD DEL VATICANO, martes, 24 febrero 2004 (ZENIT.org).- Juan Pablo II pidió este martes superar erróneas concepciones de la laicidad que todavía impiden a la Iglesia en México desempeñar su labor espiritual en sectores como la educación, la asistencia en centros de salud, o los medios de comunicación.
El pontífice hizo un análisis de los avances y desafíos que atraviesan las relaciones Iglesia-Estado al recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de la República ante la Santa Sede, Javier Moctezuma Barragán, que en los últimos cuatro años ha sido subsecretario para Migración, Población y Asuntos Religiosos.
México, segundo país en número de católicos del mundo (el 90,31 por ciento de la población está bautizado, según el Anuario Estadístico de la Iglesia), estableció relaciones diplomáticas con la Santa Sede, ofreciendo reconocimiento jurídico a la Iglesia en el país, tan sólo en septiembre de 1992.
Hasta esa fecha, los sacerdotes estaban despojados de buena parte de los derechos civiles. La situación era heredera de la Constitución y de las leyes promulgadas a finales de la década de 1910 e inicios de 1920, que dieron origen a la persecución religiosa en el país, una de las más sangrientas del siglo XX.
Estos últimos doce años, reconoció Juan Pablo II en su discurso, se han caracterizado « por rápidos y profundos cambios en el entramado político, social y económico del país». El 1 de diciembre de 2000, Vicente Fox se convirtió en el primer presidente de México que no provenía de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había gobernado el país durante las siete décadas anteriores.
En este contexto, aclaró el pontífice, «la Iglesia católica, fiel a su propia misión pastoral, ha seguido promoviendo el bien común del pueblo mexicano, buscando el diálogo y el entendimiento con las diversas instituciones públicas y defendiendo su derecho a participar en la vida nacional».
«Ahora, en el presente marco legal, gracias al nuevo clima de respeto y colaboración entre la Iglesia y el Estado –añadió–, se han producido avances que han beneficiado a todas las partes».
«Sin embargo –recalcó–, es necesario seguir trabajando para hacer que los principios de autonomía en las respectivas competencias, de estima recíproca y de cooperación con vistas a la promoción integral del ser humano inspiren, cada vez más el futuro de las relaciones entre las Autoridades del Estado, de un lado, y los Pastores de la Iglesia católica en México y la Santa Sede, de otro».
El pontífice, pidió en este sentido que la Iglesia en México «pueda gozar de plena libertad en todos los sectores donde desarrolla su misión pastoral y social» y que se da en prácticamente el resto de los países del mundo.
«La Iglesia no pide privilegios ni quiere ocupar ámbitos que no le son propios, sino que desea cumplir su misión en favor del bien espiritual y humano del pueblo mexicano sin trabas ni impedimentos», aclaró.
«Para ello es preciso que las instituciones del Estado garanticen el derecho a la libertad religiosa de las personas y los grupos, evitando toda forma de intolerancia o discriminación», subrayó.
En particular, pidió más espacio para el derecho de la Iglesia a desempañar su labor en campos «como la educación religiosa en diversos ambientes, la asistencia espiritual en los centros de salud, de readaptación social y asistenciales del sector público, así como una presencia en los medios de comunicación social».
En varios de estos sectores, actualmente está prohibida en México la presencia de la Iglesia en cuanto institución.
«No se debe ceder a las pretensiones de quienes, amparándose en una errónea concepción del principio de separación Iglesia-Estado y del carácter laico del Estado, intentan reducir la religión a la esfera meramente privada del individuo», denunció el Papa.
La Iglesia tiene el derecho, explicó de «enseñar su doctrina y a emitir juicios morales sobre asuntos que afectan al orden social, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o el bien espiritual de los fieles».
En la campaña electoral de las elecciones de julio pasado varios obispos fueron denunciados ante la justicia por ofrecer la visión moral de la Iglesia sobre cuestiones de vida pública. Las acusaciones no fueron acogidas por la justicia, pero se convirtieron en un intento grave de violar la libertad de expresión fundamental.
En este sentido, el Papa destacó «el valiente compromiso de los pastores de la Iglesia en México en defensa de la vida y de la familia».
