La medida del gobierno se tomaría en caso de que se apruebe el «Proyecto de decreto por el que se establece el procedimiento de admisión de alumnado en los centros docentes en las enseñanzas sufragadas con fondos públicos».
Según informó a la agencia Veritas su presidenta Gloria Renom, en representación de los padres de 250.000 alumnos, las alegaciones se están presentando a título personal y colectivo hasta el próximo lunes, esperando «que el gobierno reconsidere las opciones de este decreto y evalúe las que presentamos».
Renom considera que la propuesta del tripartito no tiene en cuenta a las familias que realizan una opción por la escuela concertada, que representan el 40% de las que tienen niños escolarizados en Cataluña, y pidió «que las leyes se realicen teniendo en cuenta a toda la población».
Uno de los puntos del Proyecto de decreto que ha generado más controversia señala que «se garantizará el derecho a la educación y a la libre elección de centro entendido como una manifestación de preferencia y teniendo en cuenta las necesidades educativas del alumno y de la oferta existente».
Como respuesta, una de las múltiples alegaciones de padres, asociaciones de padres, trabajadores y directivos de centros docentes que se están presentando destaca que «ante todo, el «derecho a la libre elección de centro» no puede ser simplemente «entendido como una manifestación de preferencia», que lo despojaría de su condición de derecho de libertad plenamente exigible».
Con esta cuestión, el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Escuelas Libres (FAPEL) Antonio Arasanz manifestó a la agencia Veritas su desacuerdo: «Si los padres sólo podemos ejercer la preferencia, nos mandan donde otros quieren, dejamos de tener el derecho fundamental que nos corresponde –señaló–. Nosotros no queremos tener ninguna preferencia, sino el derecho que nos da la Constitución, las leyes españolas y los tratados internacionales».
El Proyecto de Decreto, que el gobierno catalán quiere aprobar antes de mediados de abril, prevé que los padres que quieran escolarizar a sus hijos sean derivados a las llamadas «Oficinas de información escolar», que se establecerán en los ayuntamientos o centros delegados, desde donde se distribuirán los niños entre las diversas escuelas de la zona, en función de las plazas disponibles en los diversos centros, públicos o concertados.
En este sentido, Renom destacó: «Creemos que los padres deben ir directamente a la escuela, «pisarla», hablar directamente con su director y conocer su proyecto educativo –destacó-. Saber lo que se escoge y por qué».
Por otra parte, el Proyecto de decreto de matriculación establece que sean unas comisiones municipales de escolarización las que asignen el centro docente al nuevo alumnado, una estructura que Renom considera innecesaria porque «los padres van directamente a las fuentes para escoger».
Arasanz considera en este sentido que el Proyecto de Decreto introduce elementos nuevos en el proceso de asignación y petición de plaza escolar, porque los padres y los titulares dejan de ser los sujetos de esta situación, que pasa a manos de oficinas municipales: «Preferimos que la matriculación se realice entre el titular y el padre», dijo.
Otra cuestión rechazada por numerosos padres cristianos se refiere a la adjudicación de puntos, por diversos criterios establecidos (como la proximidad entre el domicilio y la escuela o la presencia de otro hermano en el centro docente), en el momento de la baremación del alumno, para entrar en un colegio.
Renom la considera una muestra de desconfianza a la escuela y, en el caso de los centros públicos al consejo escolar, al que además el proyecto resta competencias en la matriculación y la vigilancia.
Por último, Renom tampoco está de acuerdo con la desaparición de las llamadas «áreas singulares», que aglomeraban alumnos inmigrantes, porque «creemos que merecen un tratamiento especial que se pierde».
