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Apr 01, 2004 00:00
Día
LA PAZ, jueves, 1 abril 2004 (ZENIT.org).- La Iglesia en Bolivia ha pedido a los poderes gubernamentales realizar los máximos esfuerzos para atender las demandas sociales y evitar que vuelvan a ocurrir hechos como la inmolación –el pasado martes-- del ex minero Eustaquio Picachuri.
Así lo indicó el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Jesús Juárez Párraga, lamentando la pérdida de vidas humanas.
Al aceptar el gobierno del país, las autoridades «deben intentar solucionar todos estos problemas» que vienen arrastrándose desde hace varios años, pero además es tiempo de que los dirigentes políticos y sindicales asuman la responsabilidad que tienen para encontrar la conciliación que permita poner fin a las problemáticas sociales tan latentes en el país, agregó el obispo de la diócesis más pobre, El Alto.
Eustaquio Picachuri, de 47 años, ex empleado de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), se suicidó el martes en el edificio del Congreso de los Diputados en La Paz al detonar una carga de dinamita que llevaba adherida a su cuerpo.
La explosión provocó la muerte de dos policías que intentaban una salida negociada a sus demandas y heridas a otras diez personas.
El gobierno de Sánchez de Lozada, revocado por una revuelta popular en octubre de 2003, reformó el sistema de jubilaciones en 1995/97. Al elevar la edad para acceder a una pensión, dejó a una «generación sándwich» sin pensión estatal ni privada, ya sea por falta de edad o de años de contribución, apunta el diario «Clarín».
Picachuri, de 47 años y con siete hijos, desocupado y activista gremial, no tenía otros recursos y reclamaba sus aportaciones y los de un hermano fallecido en una mina en 1992, además de una pensión para su ex esposa. Vivía en El Alto, ciudad vecina a La Paz.
La Iglesia en Bolivia lamenta la pérdida de vidas tanto del ex minero como de los dos policías, a la vez que expresa su solidaridad con las familias de los fallecidos y de los heridos, observa el servicio informativo del episcopado boliviano,
En cualquier caso, la muerte «no es el camino para conseguir las reivindicaciones», puntualizó el monseñor Juárez, quien afirmó que el lamentable suceso es «una fuerte llamada de atención al gobierno para que escuche las peticiones y ponga sus esfuerzos y creatividad en la búsqueda de soluciones».
«El gobierno tiene que responder», pero también los «dirigentes sindicales tienen que ayudar a sus bases para que no utilicen estos métodos», añadió.
«Es un momento en que cada uno debe aceptar sus propias responsabilidades de acuerdo con las tareas que le toca ejercer en esta vida democrática», exhortó el prelado.
La Iglesia reitera el «llamamiento al respeto a la vida, a los derechos que toda persona tiene a una vida digna, reconociéndole sus derechos fundamentales», subrayó.