En el discurso inaugural de la LXXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, el purpurado pidió en este sentido regirse por «lo previsto en el correspondiente Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español».
Los obispos, explicó el cardenal al nuevo gobierno socialista, confían que «la vía del diálogo ayude a resolver este asunto de modo estable».
«El interés superior de la educación seria de la juventud debería prevalecer sobre posibles y legítimas discrepancias de orden político», denunció.
En cuanto al derecho a la libertad religiosa, recalcó que «nadie puede ser coaccionado ni estorbado en el ejercicio individual y asociado de sus creencias religiosas por ningún poder humano, tampoco, naturalmente, por los poderes estatales».
«Aquí radica el principio de la aconfesionalidad del Estado, que no está autorizado para imponer a nadie una determinada fe religiosa o una visión determinada de la vida, sino que se ha de mostrar básicamente neutral a este respecto», subrayó.
Recordó también que este derecho implica que «se han de favorecer positiva y equitativamente las condiciones en las que las personas y las comunidades religiosas puedan desarrollar su vida de acuerdo con sus creencias, tanto en privado como en público».
Por último, afirmó que «del Estado de Derecho no se puede esperar otra cosa que el respeto y la promoción positiva del ejercicio del derecho a la libertad religiosa, sin más límites que los del justo orden público».
Al principio de su discurso, recordó la visita del Santo Padre a España, de la que ahora se cumple su primer aniversario. También hizo alusión a los atentados terroristas del pasado 11 de marzo, y indicó que «usar el nombre de Dios para justificar acciones de terrorismo representa el colmo de la blasfemia, es una gravísima profanación e instrumentalización de la religión y la más radical de las contradicciones con la verdadera fe en Dios Creador del hombre».
En cuanto a la convivencia de las parejas homosexuales, aclaró que «no se le puede reconocer una dimensión social semejante a la del matrimonio y a la de la familia», y que en este caso, «no se trata de negar los derechos legítimos de nadie, sino, por el contrario, de que se defiendan de modo coherente y pleno los derechos de la familia, asunto de vital importancia para el presente y el futuro de la sociedad española».
También aludió a los «ochenta mil hijos a los que se les ha privado del derecho a vivir por medio del aborto provocado» en España y afirmó que «estos hechos habrían de suscitar verdadera alarma social, por lo que significan en sí mismos y por lo que denotan de falta de sensibilidad moral».
Por su parte, el nuncio de Juan Pablo II en España, el arzobispo Manuel Monteiro de Castro, también se sumó durante la apertura de la Plenaria de la Conferencia Episcopal a la necesidad de ofrecer a los alumnos la asignatura de religión.
«Los padres, en un porcentaje muy elevado, quieren que sus hijos sean educados en los principios que nos ha dado la España que tenemos hoy y la Europa que tenemos hoy», constató.
«Que no sea obligatoria nos parece bien, pero es que tampoco con la nueva ley iba a ser obligatoria», añadió monseñor Monteiro, quien afirmó que la ignorancia en materia religiosa «no es la mejor para España».
En cuanto a las parejas homosexuales, recordó que «el matrimonio es entre un hombre y una mujer» y que «está bien que las otras formas de convivencia sean reconocidas, pero dejando que el matrimonio siga siendo lo que se conoce desde siempre como matrimonio».
Añadió que «esto no quiere decir que no estimemos a estas personas. Nosotros les intentamos ayudar, también en su vida espiritual».
Pueden leerse los discursos del cardenal Rouco y del nuncio apostólico en la página web de la Conferencia Episcopal Española (http://www.conferenciaepiscopal.es).
