GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, lunes, 10 mayo 2004 (ZENIT.org).- Constatando que la subida del coste de la vida «sigue golpeando a los sectores más pobres», los obispos de Guatemala han lanzado --al finalizar su Asamblea Ordinaria del 6 y 7 de mayo-- un encarecido llamamiento «al gobierno y a la iniciativa privada a no escatimar esfuerzos en la búsqueda de soluciones justas y solidarias».

Bajo el título «Vida digna para todos», en el comunicado difundido por la Conferencia Episcopal guatemalteca se solicita igualmente la «agilización de los mecanismos de recuperación de la seguridad ciudadana» y se pide «a la sociedad guatemalteca vivir la solidaridad con los hermanos campesinos empobrecidos y a las autoridades propiciar un gran diálogo nacional sobre los problemas agrarios».

Además los prelados recuerdan al Congreso de la República su deber de «establecer leyes que verdaderamente protejan el derecho a la salud de toda la población» y subrayan –ante las negociaciones orientadas a la firma del Tratado de Libre Comercio-- que «en cualquier negociación económica la persona humana debe ser el centro de la atención».

Finalmente los obispos de Guatemala vuelven a reclamar justicia por el asesinato –hace seis años-- de monseñor Juan Gerardi Conedera, obispo auxiliar de Guatemala.

Publicamos a continuación el texto íntegro del Comunicado.

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“Vida digna para todos”

COMUNICADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA

En nuestra Primera Reunión Plenaria Ordinaria del 6 y 7 de mayo de 2004, los Obispos de Guatemala hemos orado juntos, hemos compartido el caminar de la Iglesia y hemos examinado algunos de los problemas más urgentes que afectan a la gran mayoría de los guatemaltecos. Urgidos por la Palabra de Dios, que nos dice que el Señor Jesús quiere “que todos tengan vida, y vida en abundancia” (Jn 10, 10), asumimos la responsabilidad que tenemos como Pastores de acompañar al pueblo en sus penas y alegrías, y mantener viva la esperanza en un futuro diferente.

1. Una de nuestras preocupaciones mayores se centra en la realidad de la violencia e inseguridad que cada día padece el pueblo. Violencia que tiene distintas causas, genera múltiples problemas y pone en evidencia la crisis de valores humanos que afecta la sociedad guatemalteca en la que se ha perdido la sensibilidad humana ante la vida cuando se cometen crímenes inauditos y depravados, especialmente contra mujeres, niños y adolescentes. Es un ambiente de inseguridad permanente, en el que aún se desconfía de las autoridades policíacas, y se acude con facilidad a la justicia por propia mano. Instamos a la agilización de los mecanismos de recuperación de la seguridad ciudadana y exhortamos a poner en práctica la campaña de despistolización en la sociedad guatemalteca.

2. El alza del costo de la vida sigue golpeando a los sectores más pobres. A esto se suma el desempleo y subempleo de un elevado número de hombres y mujeres que ven ante sí un futuro incierto para sus hogares. El incremento de las tarifas de la energía eléctrica y de los combustibles, así como de los bienes de primera necesidad, limitan drásticamente los ingresos familiares e impiden un adecuado desarrollo de las familias. Ante esta realidad instamos encarecidamente al Gobierno y a la iniciativa privada, a no escatimar esfuerzos en la búsqueda de soluciones justas y solidarias.

3. El problema agrario afecta a miles de campesinos sin tierra, sin trabajo, sin horizontes de un futuro mejor para ellos y sus familias, muchas de las cuales sufren por el hambre. Afecta igualmente, a los pequeños productores cafetaleros y agrícolas. Reconocemos y apoyamos el trabajo y las gestiones de las Comisiones de Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica, así como el acompañamiento de Monseñor Álvaro Ramazzini, Obispo de San Marcos, para propiciar el logro de una solución justa a estos problemas. Instamos a la sociedad guatemalteca a vivir la solidaridad con los hermanos campesinos empobrecidos y a las autoridades a propiciar un gran diálogo nacional sobre los problemas agrarios.

4. Nos preocupa que la búsqueda de soluciones a la conflictividad agraria y laboral se centre en la defensa absoluta de la propiedad privada por encima de la defensa de la vida y otros derechos fundamentales de la persona humana, garantizados en la Constitución política de la República. Pedimos a los católicos que pongan en práctica las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia y alentamos a que las decisiones tomadas por el Gobierno de la República en esta materia se hagan realidad.

5. Ante las negociaciones orientadas a la firma del Tratado de Libre Comercio recordamos nuevamente que en cualquier negociación económica la persona humana debe ser el centro de la atención, y, en el caso de Guatemala, hablamos de las personas empobrecidas tales como: pequeños productores agrícolas, campesinos e indígenas. Lo reiteramos: Antes de la firma del Tratado la sociedad civil debe conocer y discutir el contenido del mismo. Pedimos al Congreso de la República analizar detenidamente dicho tratado y buscar verdaderamente el bien común.

6. Toda persona tiene derecho a la salud. Un tema muy delicado que afectará a la población más necesitada y muchas veces enferma, es el acceso a medicamentos genéricos que, por su menor precio constituyen la única posibilidad de combatir efectivamente la enfermedad. El Decreto 9-2003 lesiona esa posibilidad a la vez que se aparta del espíritu de los Acuerdos de Paz en los cuales se señala la necesidad que hay de asegurar el abastecimiento, abaratamiento y calidad de los medicamentos. El Congreso de la República debe suprimir dicho decreto y establecer leyes que verdaderamente protejan el derecho a la salud de toda la población. Les incumbe igualmente revisar las disposiciones que en materia de salud se vayan a firmar en los Tratados de Libre Comercio, para que los más pobres no se vean nuevamente afectados.

7. Han transcurrido seis años del asesinato contra la persona de Mons. Juan Gerardi Conedera. Recordamos agradecidos su memoria. Reconocemos su vida y trabajo en favor de la sociedad y la Iglesia de Guatemala. Seguimos reclamando justicia para un hombre justo. Como Conferencia Episcopal, mantenemos firme nuestro compromiso en la lucha contra la impunidad, queremos que se llegue a conocer la verdad y se haga justicia, que prepare así la vía del perdón; apoyamos al Señor Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, Arzobispo de Guatemala, en su preocupación por llegar a la verdad en este caso.

Ante esta realidad, los Obispos de Guatemala queremos contribuir con nuestra reflexión y nuestro trabajo pastoral, en fidelidad al Evangelio de Jesucristo, a buscar el bien común de nuestra sociedad, colocando las bases de una convivencia armónica y pacífica, que hagan realidad un desarrollo equitativo y una vida digna para todos.

Guatemala de la Asunción, 7 de mayo de 2004

+ Rodolfo Cardenal Quezada Toruño
Arzobispo de Santiago de Guatemala
Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala

+ Víctor Hugo Palma Paúl
Obispo de Escuintla
Secretario General de la CEG