MADRID, viernes, 17 septiembre 2004 (ZENIT.org).- Los obispos españoles consideran que el anteproyecto de liberalización de la ley del divorcio aprobado este viernes por el gobierno socialista traerá «más divorcios y más sufrimiento».
El anteproyecto, que implicará la reforma de algunos artículos del Código Civil aprobados en 1981, prevé agilizar los trámites al suprimir el requisito obligatorio de separación previa, y acaba también con la necesidad de alegar causas para el divorcio.
Según filtraciones de prensa, el texto establece la posibilidad de que padre y madre puedan repartirse por acuerdo común la convivencia y el cuidado diario de los hijos, por lo que la custodia no tendrá que darse, como hasta ahora, sólo a uno de los cónyuges divorciados.
El texto, que debería entrar en vigor el próximo verano, prevé igualmente que se pueda presentar la demanda a partir de los tres meses de la boda y no al año, como ahora, y que ni el juez ni el otro cónyuge podrán rechazarla, según han adelantado distintos medios.
El anteproyecto también modificaría el régimen de las pensiones de modo que podrían desaparecer algunas de las retribuciones debidas a las mujeres.
Los obispos consideran en el comunicado que esta medida el Gobierno, concebida ante «el gravísimo problema social del incremento permanente del número de las rupturas de matrimonios y de los dramas personales que las acompañan», traerá sin embargo «más divorcios y más sufrimiento».
«Porque la Ley no parte de una buena concepción antropológica del matrimonio como institución social fundamental, sino más bien de una ideología individualista que lo reduce a un mero contrato entre particulares», aclaran los obispos.
«Evidentemente, si se pierde el sentido sagrado del matrimonio, se acabará por valorarlo simplemente como un contrato entre particulares, y, por consiguiente establecido a su arbitrio y dependiente de su voluntad, la cual puede cambiar y llegar a romperlo», explican los prelados.
«Tal concepción hace incomprensible la indisolubilidad del matrimonio. Un compromiso para toda la vida sería algo prácticamente imposible y podría darse el caso de que llegara a ser insoportable», indican.
«En esa óptica, el divorcio es concebido como un derecho, incluso como una condición para contraer matrimonio, una cláusula de ruptura. Esta mentalidad introduce una inestabilidad estructural en la vida matrimonial, que la hace incapaz de afrontar las crisis y las dificultades con las que inevitablemente se encontrará», subrayan.
«Como ocurre con otros hechos dolorosos de nuestra sociedad, el modo cultural de presentar el divorcio intenta ocultar el drama –humano, psíquico, social– del fracaso matrimonial», indica el comunicado.
«Con el lema de «reconstruir la vida» –quizá con «otra pareja»– se pretende solucionar el drama solventando los problemas técnicos (jurídicos, económicos), pero sin querer entrar en los verdaderos problemas antropológicos y éticos», concluyen.
La Conferencia Episcopal publicó el 27 de abril de 2001 una instrucción sobre el tema que lleva por título «La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad».
Por su parte, según informa Veritas, el Instituto de Política Familiar (IPF) calificó este viernes de «claramente perjudicial para las familias» el anteproyecto y afirmó que supone «una regresión en la ayuda y promoción de la familia».
Según presidente del IPF, Eduardo Hertfelder, el Gobierno «ha cometido un doble error político. En primer lugar, al aprobar un anteproyecto de ley que impedirá a más de 15.000 matrimonios al año su reconciliación, que provocará un mayor incremento de la ruptura familiar en España y en segundo lugar, porque ha sido elaborado a espaldas de las familias españolas».
Hertfelder acusó al Gobierno de «aplastar el dialogo previo con las asociaciones y expertos» y afirmó que está gobernando «de espaldas a la sociedad y sin contar con los distintos agentes sociales».
El IPF anunció hoy también «el inicio de una campaña de movilización parlamentaria en la que tendrá contactos con todos los grupos parlamentarios en los que les comunicará las grandes deficiencia de esta ley», y afirmó que esa ronda de contactos incluirá al partido socialista.
Por otro lado, el Foro Español de la Familia (FEF) denunció en declaraciones publicas por Veritas que el anteproyecto de ley del divorcio «supone la desaparición del matrimonio del ordenamiento jurídico español y su equiparación con las parejas de hecho».
El FEF considera «supone un desprecio total hacia el matrimonio», pues trata «el compromiso matrimonial como si fuese algo carente de todo valor, contradice frontalmente la seriedad con que las personas se casan y se opone radicalmente a la importancia objetiva que el matrimonio tiene para la sociedad como origen más común de la familia».
Para el Foro, la eliminación de la separación y de la causalidad como paso previo obligatorio hacen que «el matrimonio pasaría a ser el contrato menos protegido por el Derecho».
Según su portavoz, Benigno Blanco, «un contrato que se puede romper unilateralmente por una de las partes a los tres meses sin que concurra ninguna causa más que la voluntad de no cumplirlo, no sólo no tiene nada que ver con algo tan serio para las personas como el matrimonio, sino que no puede llamarse ni siquiera contrato».
El Foro rechazó también el modo como se ha llevado adelante la tramitación del anteproyecto de ley, que considera un «paso arbitrario», y lamentó que el Gobierno no haya escuchado «a las organizaciones sociales representativas de las familias españolas a través de la solicitada Mesa de Diálogo».
Asimismo, pidió que el Parlamento «corrija una iniciativa esencialmente negativa y perjudicial de forma que no llegue a aprobarse».
