MADRID, viernes, 1 octubre 2004 (ZENIT.org).- El Estado no puede aprobar un derecho inexistente, ha afirmado la Conferencia Episcopal Española, al comentar la aprobación por parte del gobierno español de un anteproyecto de ley que pretende reconocer el «matrimonio» homosexual.
La iniciativa del ejecutivo modifica el artículo 44 del Código Civil, que según la propuesta del gobierno debería decir: «La identidad de sexo de ambos contrayentes no impide la celebración del matrimonio ni sus efectos», y otros trece artículos sustituirán la distinción «hombre/mujer» por el genérico «cónyuge».
El anteproyecto busca equiparar los derechos civiles de los matrimonios homosexuales a los de los heterosexuales, entre ellos la percepción de la pensión de viudedad, herencias, sucesiones, poder firmar la autorización para una intervención quirúrgica o adoptar un hijo.
Respecto a la dificultad legal de que los homosexuales acudan a la adopción internacional, ya que los países la prohíben, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, reveló en una rueda de prensa que el Gobierno moverá sus canales diplomáticos para convencer a estos gobiernos.
Rusia y China son dos de los países a los que más recurren los españoles para buscar niños en adopción.
Una nota de prensa de la Conferencia Episcopal Española publicada este viernes al hacerse pública la aprobación por parte del Consejo de Ministros del «anteproyecto de Ley», considera que se trata de «una propuesta errónea e injusta».
«Porque el matrimonio, engendrando y educando a sus hijos, contribuye de manera insustituible al crecimiento y estabilidad de la sociedad. Por eso le es debido el reconocimiento y el apoyo legal del Estado. En cambio, a la convivencia de homosexuales, que no puede tener nunca esas características, no se le puede reconocer una dimensión social semejante a la del matrimonio y a la de familia», afirma el documento.
«Las personas homosexuales no deben ser discriminadas en sus derechos ciudadanos –subrayan la nota episcopal–. Pero las instituciones sociales deben ser tuteladas y promovidas por las leyes».
«El matrimonio es una institución esencialmente heterosexual, es decir que no puede ser contraído más que por personas de diverso sexo: una mujer y un varón. A dos personas del mismo sexo no les asiste ningún derecho a contraer matrimonio entre ellas».
«El Estado, por su parte, no puede reconocer este derecho inexistente, a no ser actuando de un modo arbitrario que excede sus capacidades y que dañará, sin duda muy seriamente, el bien común. Las razones que avalan estas proposiciones son de orden antropológico, social y jurídico», indican los obispos.
«La medida propuesta tendrá consecuencias negativas que afectarán a toda la sociedad», siguen advirtiendo.
«Si el Estado procede a dar curso legal a un supuesto matrimonio entre personas del mismo sexo, la institución matrimonial quedará seriamente afectada. Fabricar moneda falsa es devaluar la moneda verdadera y poner en peligro todo el sistema económico».
«De igual manera, equiparar las uniones homosexuales a los verdaderos matrimonios, es introducir un peligroso factor de disolución de la institución matrimonial y, con ella, del justo orden social», afirman para después preguntar. «¿Será posible seguir sosteniendo la verdad del matrimonio, y educando a los hijos de acuerdo con ella, sin que padres y educadores vean conculcado su derecho a hacerlo así por un nuevo sistema legal contrario a la razón? ¿No se acabará tratando de imponer a todos por la pura fuerza de la ley una visión de las cosas contraria a la verdad del matrimonio?».
«La adopción ha de mirar siempre al bien de los niños, no a supuestos derechos de quienes los desean adoptar –afirma la nota episcopal–. Dos personas del mismo sexo, que pretenden suplantar a un matrimonio, no constituyen un referente adecuado para la adopción».
«La figura del padre y de la madre es fundamental para la neta identificación sexual de la persona. Ningún estudio ha puesto fehacientemente en cuestión estas evidencias», recuerda el episcopado.
«Si esta legislación se llevara adelante, abandonaríamos la sabiduría humana y jurídica de toda la Humanidad. La historia universal lo confirma: ninguna sociedad ha dado a las relaciones homosexuales el reconocimiento jurídico de la institución matrimonial», concluye.
Asociaciones familiares han lanzado una Iniciativa Legislativa Popular que busca impedir la equiparación de las uniones homosexuales con el matrimonio. Según la Ley, se necesitan quinientas mil firmas para al Congreso a debatir y a votar en el Parlamento la propuesta.
