MADRID, lunes, 4 octubre 2004 (ZENIT.org–Veritas).- El cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, en su intervención semanal al informativo diocesano de la Cadena COPE, describió al matrimonio como «institución esencialmente heterosexual, es decir, que no puede ser contraído más que por personas de diverso sexo: una mujer y un varón».
Se trata, aclaró, «de esas instituciones básicas: ¡absolutamente vital para el futuro de la sociedad!».
«A dos personas del mismo sexo no les asiste ningún derecho a contraer matrimonio entre ellas», aseguró, y añadió que «el Estado, por su parte, no puede reconocer este derecho inexistente, a no ser actuando de un modo arbitrario que excede sus capacidades y que dañará, sin duda muy seriamente, el bien de todos».
«Las razones de orden antropológico, social y jurídico que avalan esta afirmación, son de sentido común», dijo.
Por otra parte, aseguró que en estos momentos se impone «el grave deber de intervenir activamente en el debate abierto en la sociedad española promoviendo un estado de opinión pública que favorezca las modificaciones pertinentes en el anteproyecto de ley» que pretende equiparar al matrimonio la unión de personas del mismo sexo y que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes.
En cuanto a los derechos de las personas homosexuales afirma que «es justo, y ha de exigirse con toda la fuerza de la ley» que no sean discriminadas en sus derechos ciudadanos.
Y añadió, sin embargo, que «no es menos exigible, por las normas de un derecho justo, atento al bien común y a los derechos fundamentales de los más débiles -los niños en este caso-, que las instituciones sociales fundamentales y enraizada en la misma naturaleza humana sean tuteladas y promovidas con todo vigor por una legislación que busque la realización auténtica de la justicia y de la solidaridad».
«Abandonaríamos el camino no sólo de la fe cristiana, sino de la sabiduría humana y jurídica de todos los tiempos: la senda de la recta razón», alertó, ya que como confirma »la Historia universal», ninguna sociedad ha dado a las relaciones homosexuales el reconocimiento jurídico de la institución matrimonial.
«Solamente el matrimonio, engendrando y educando a sus hijos, contribuye de manera insustituible al crecimiento y estabilidad de la sociedad. Por eso le es debido el reconocimiento y el apoyo legal del Estado», concluye.
Advirtió ante las consecuencia negativas de las medidas legislativas que se pretenden adoptar, «porque no se trata de reconocer un pretendido derecho a algunas personas que en nada perjudicaría a los demás». «Equiparar las uniones homosexuales a los verdaderos matrimonios, es introducir un peligroso factor de disolución de la institución matrimonial y, con ella, del justo orden social», continuó.
Sobre la adopción por parte de parejas homosexuales, subraya que «ha de mirar siempre al bien de lo niños, no a supuestos derechos de quienes los desean adoptar» y afirma que «dos personas del mismo sexo, que pretenden suplantar a un matrimonio, no constituyen un referente adecuado para la adopción».
