MADRID, lunes, 18 octubre 2004 (ZENIT.orgVeritas).- El arzobispo de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián, explicó este domingo al periodista Baltasar Magro –que lo entrevistó en el programa «De Cerca», de Televisión Española– que cuando los obispos realicen su próxima visita «ad limina» al Papa tendrán que presentarle la radiografía de «una Iglesia que se encuentra en trance de purificación».
En esta visita, los obispos de las diferentes diócesis de todo el mundo, acuden a Roma cada cinco años para presentar un informe o relación de sus respectivas diócesis cada cinco años. El turno de los obispos españoles será del 17 al 31 de enero de 2005 (fecha en la que acudirá el arzobispo de Pamplona) y del 21 de febrero al 5 de marzo de 2005.
El prelado respondió a la pregunta del periodista sobre los contenidos de esta visita considerando que los obispos españoles tendrán que hablar de una Iglesia «sometida a la euforia laicista» que sufre un proceso de desconfianza: «en muchos sitios se nos trata como si fuéramos peligrosos para la democracia».
Sin embargo, pese a lo negativo de este diagnóstico, monseñor Sebastián reconoció también que la iglesia está «también viviendo con gallardía» y defendiendo «el bien general, también de los no nacidos y de aquellos que no aportan ninguna riqueza a la sociedad, porque la Iglesia disiente de algunas posturas denominadas abusivamente progresistas defendiendo la dignidad de la persona en cualquier circunstancia como realidad venerable».
Por otra parte, el prelado sostuvo durante la entrevista que la reacción de los católicos al laicismo debe ser en primer lugar «deshacer el equívoco de ley progresista igual a ley laica».
Para el arzobispo «más que progresista es retrógrada toda ley que no sirve al bien común integral del hombre», por tanto «no es progresista lo que no mejora las condiciones de vida en lo social, económico, material y también religioso».
En este sentido se refirió a la ley que intenta «equiparar la unión homosexual al matrimonio» porque amplía «el concepto de matrimonio hasta desnaturalizarlo».
Monseñor Sebastián consideró que esta ley es «una actuación muy precipitada, muy poco lúcida y profundamente perjudicial», especialmente «para la mentalidad y la conciencia de las nuevas generaciones», y afirmó que «no se han tenido en cuenta conceptos antropológicos, sociológicos, psicológicos y también espirituales y morales».
El derecho al matrimonio ya es reconocido a los homosexuales pero, no en cuanto tales sino «como derecho a contraer unión entre hombre y mujer» y «es obligación decirlo», añadió.
Cuando Magro se refirió «a las últimas encuestas donde la mayoría de los ciudadanos respaldan estas reformas», el arzobispo respondió que «los católicos estamos inmersos en una sociedad de medios, también de propaganda por lo que a la hora de legislar hay mil formas de preparar la opinión pública».
«Los principales valores de una legislación es presentar leyes verdaderas, justas y que favorezcan el ejercicio de una libertad moralmente legítima y auténtica y favorecer el bien integral de las personas y el bien común» no se puede proceder por razones que no sean estas, como «por reacción a un período y por distanciamiento como estrategia política respecto a otro partido», sostuvo el arzobispo.
«Los parlamentarios, en el ejercicio de las facultades que las sociedad les ha reconocido también tiene que proceder moralmente», en «entera verdad, entera lealtad y entera responsabilidad», añadió.
Monseñor Sebastián explicó que «una sociedad sana tiene que reconocer la existencia de un patrimonio moral vinculante para todos» porque de lo contrario, no pueden garantizarse «los comportamientos políticos».
Sobre la financiación con fondos públicos de la Iglesia católica, el prelado no vio inconvenientes en que se siga realizando porque el Estado de derecho tiene «que defender como un bien positivo el ejercicio de la libertad religiosa».
«La religión no es una enfermedad –dijo–, sino una dimensión profunda que cualifica y enriquece la vida personal (si no se deforma), hay que proclamar que es bueno ser una persona religiosa».
El arzobispo de Pamplona mantuvo que «en una sociedad democrática todos los ciudadanos tienen que participar según la conciencia, y los católicos según una conciencia católica».
«Cuando se nos quiere imponer que los católicos no influyan en la vida política es una discriminación y un agravio», porque «los demás desde su conciencia sí pueden hacerlo», afirmó.
