CARACAS, jueves, 21 octubre 2004 (ZENIT.org).- El empobrecimiento y la exclusión social, junto con los fenómenos de corrupción en las democracias más débiles, se cuentan entre los principales problemas que amenazan los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos.
Así lo señalan en su declaración final los 68 delegados de 19 países latinoamericanos —entre ellos 9 obispos— que participaron, en representación de sus respectivas Iglesias locales, en las sesiones del IV Encuentro Continental de la Pastoral de Derechos Humanos, que se celebró en Caracas (Venezuela) del 4 al 9 de octubre.
El encuentro fue convocado por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), el Secretariado para América Latina y el Caribe de Cáritas y la Conferencia Episcopal de Venezuela, explica un comunicado de «Cáritas».
Según los participantes en estas jornadas, el empobrecimiento creciente y la exclusión están «causados por un modelo de desarrollo que genera una injusta distribución de las riquezas, un aumento de la dependencia, que exige el pago de una onerosa deuda externa y (que) en el nivel interno crea una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres»
Junto a una firme defensa del valor de la vida humana desde su concepción, en el documento final del Encuentro se denuncian los atentados frecuentes a los derechos humanos que representan tanto el fenómeno de la violencia cotidiana e institucionalizada como el desplazamiento forzado de personas.
Añade que «el narcotráfico se incrementa en la mayoría de países con efectos perversos», al tiempo que grandes sectores de la población sufren «limitaciones para acceder al sistema de justicia» dejando impunes numerosos delitos, «sobre todo aquellos ligados a la corrupción».
No obstante, la Declaración de Caracas valora la democracia como el mejor sistema para luchar contra estos males.
La celebración final del Encuentro, así como la plenaria de presentación de las conclusiones fueron presididas por el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa (Honduras) y presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM.
A continuación publicamos el texto íntegro de la declaración.
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Declaración de Caracas
1. Convocados por el Consejo Episcopal Latinoamericano, el Secretariado para América Latina y El Caribe de Caritas, y por la Conferencia Episcopal de Venezuela nos reunimos en la Casa Monseñor Ibarra de Caracas del 4 al 9 de octubre del año 2004 obispos, sacerdotes, religiosas, laicos y laicas de la Iglesia en América para celebrar el IV Encuentro Continental de Pastoral de Derechos Humanos.
2. El objetivo fue analizar las situaciones emergentes que afectan la vigencia de los derechos humanos en cada una de las regiones del continente. Destacamos las siguientes:
— El empobrecimiento creciente y la exclusión causados por un modelo de desarrollo que genera una injusta distribución de las riquezas, un aumento de la dependencia, que exige el pago de una onerosa deuda externa y a nivel interno crea una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres.
— Crisis políticas y democracias frágiles permeadas por la corrupción, con sistemas de gobiernos representativos que parecieran conformarse sólo con convocar a los ciudadanos a elecciones periódicas.
— Incremento de los niveles de violencia e inseguridad ciudadanas; preocupante aumento del desempleo, empleos precarios y debilidad de programas sociales.
— El fenómeno migratorio, de desplazamientos internos y de refugio. La mayoría migra por razones de índole económica, pero también se dan desplazamientos forzados por violencia, lo que genera graves crisis humanitarias. En relación a este tema constatamos también, el grave problema del tráfico de personas, incluso de niños, niñas y adolescentes para el comercio sexual y la explotación laboral y tráfico de órganos.
— El narcotráfico se incrementa en la mayoría de países con efectos perversos como incentivo del consumo en la población juvenil e infantil, el sostenimiento de la violencia organizada, el surgimiento de pandillas y el aumento de la corrupción.
— Las limitaciones para acceder al sistema de justicia de grandes sectores de la población y la impunidad de delitos, sobre todo aquellos ligados a la corrupción.
— Los problemas de discriminación de las poblaciones pobres, indígenas y afroamericanas, especialmente mujeres, es una tarea pendiente para la construcción de una verdadera democracia en la región.
— En particular, queremos destacar nuestra preocupación por la situación que atraviesan nuestros hermanos de Colombia y Haití, países en los cuales la violencia se incrementa y el respeto a los derechos humanos está lejos de ser una realidad.
— Junto a lo anterior, constatamos que pese a la fragilidad de nuestras democracias, éstas siguen siendo el mejor sistema para la protección de los derechos humanos, para la lucha contra la impunidad y para la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos de los pueblos.
3. También examinamos los esfuerzos e iniciativas que las comunidades y la Iglesia están trabajando como respuesta a estas situaciones que atentan contra la dignidad humana, la defensa de la vida y de los derechos humanos. Entre las más significativas están:
— El programa «Hacia una Economía más Humana, Solidaria y Cooperativa» del CELAM, y múltiples iniciativas de economía de comunión, de autogestión comunitaria y comercio justo.
— Espacios permanentes de diálogo, estudio y formación sobre la importancia, alcance y mecanismos de la Corte Penal Internacional.
— Participación activa de las Pastorales Sociales-Caritas y de numerosas organizaciones eclesiales en el Foro Social, a nivel mundial, continental y local.
— Promoción y defensa permanente de los derechos humanos de los migrantes y acompañamiento pastoral.
— El apoyo de la Iglesia a las necesidades sentidas de las comunidades para organizarse y desarrollar iniciativas propias de participación ciudadana en las políticas públicas con control social.
4. Como Iglesia que camina en el corazón del Pueblo, renovamos nuestro compromiso con la dimensión profética y el trabajo pastoral con acciones referidas a:
— Promover el respeto de la vida, trabajando por una vida más alegre y digna que nos permita desarrollarnos integralmente desde la concepción hasta la muerte natural.
— Promover la participación de todos los grupos sociales y las comunidades, con un especial énfasis en la promoción de la participación de la mujer, como un eje transversal que se debe tomar en cuenta para el desarrollo de las actividades de Iglesia, a escala local y nacional.
— Coordinarnos con la Pastoral Educativa para la inclusión de los valores de los derechos humanos en el sistema educativo formal, a nivel escolar, universitario y de diversos centros de formación, tanto religiosos como estatales y privados, asumiendo también el reto de disminuir la brecha existente entre la educación que reciben niños de diferentes sectores sociales.
— Construcción de democracias realmente participativas, lo que debe partir de ciudadanos activos, que defiendan sus derechos y asuman sus responsabilidades cívicas, formados en los valores de una ética de la solidaridad.
— Buscar modelos alternativos para la erradicación de la pobreza, procurando la justa distribución de la riqueza en base al destino universal de los bienes, fortaleciendo programas de economía solidaria, comercio justo, consumo responsable.
— Apertura y fortalecimiento de instancias de diálogo y denuncia frente a Estados y gobiernos que violan los derechos humanos.
— Capacitación
y formación a ciudadanos, especialmente los más pobres y excluidos, para que puedan asumir posiciones más activas y comprometidas con la defensa de los principios y valores democráticos así como hacer una defensa eficaz de sus derechos.
— Apoyar y fortalecer mecanismos de información y difusión para formar a los ciudadanos en materia de derechos humanos, dotándolos de conocimientos y herramientas que les permitan defender y exigir las condiciones para ejercer plenamente sus derechos.
— Presencia en políticas públicas, participación en espacios de discusión de nuevas leyes tratando de incidir en la gestión las mismas. Especial interés se debe prestar al aporte en la discusión de los TLC’s, que ponen en grave riesgo la estructura productiva de campesinos, pequeños productores y sectores menos favorecidos.
— Inclusión de los temas ambientales, conservación y uso racional de los recursos naturales en las agendas y proyectos de trabajo pastoral, defendiendo las bases de nuestras culturas productivas.
— Fortalecer el trabajo y la capacitación en Reconciliación y Construcción de paz.
— Instar a nuestros estados a la ratificación de la Corte Penal Internacional y al fortalecimiento del imperio del derecho y la protección de la persona en los organismos multilaterales especialmente Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
Los agentes pastorales aquí reunidos reafirmamos nuestro compromiso con la Pastoral de los Derechos Humanos, como eje articulador de nuestro compromiso eclesial, trabajando con otras Iglesias y organizaciones, con una perspectiva pluralista e interconfesional.
Estamos convencidos que «nada verdaderamente humano puede ser ajeno al corazón de la Iglesia». Ofrecemos nuestros esfuerzos para fortalecer la esperanza en otro mundo posible, cuyo centro sea la persona humana, su dignidad y derechos, repetimos con San Ireneo, que «La gloria de Dios es el ser humano vivo, y la vida del ser humano es la visión de Dios».
Caracas (Venezuela), 8 de octubre de 2004
