Suscriben este pliego de peticiones el Secretariado de la Comisión de Conferencias Episcopales de Europa (COMECE), Cáritas Europa, la Comisión de las Iglesias para las Migraciones en Europa (CCME), la Comisión Católica Internacional para las Migraciones, la sección europea del Servicio Jesuita para los Refugiados y el Consejo Cuáquero para Asuntos Europeos.
En su escrito, según informa Cáritas Europa, estas seis organizaciones proponen que la política comunitaria sobre asilo e inmigración ponga a punto un sistema común para la regularización de inmigrantes en situación irregular, el reconocimiento de la reunificación familiar como un derecho fundamental, el tratamiento conjunto de las políticas de integración y una modificación de las actuales políticas de retorno y readmisión. Asimismo, urgen a los Estados miembros a ratificar la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, adoptada en 1990.
En el informe remitido a los ministros reunidos en Luxemburgo, Cáritas y las otras cinco organizaciones aseguran que la lucha contra el tráfico de seres humanos debe ser una prioridad política de la Unión Europea, junto a la puesta en marcha de soluciones a largo plazo para las víctimas. Asimismo, entre sus recomendaciones se señala la necesidad de impulsar un sistema coherente y común en materia de asilo que garantice unos niveles satisfactorios, a fin de que tanto los solicitantes de asilo como los refugiados puedan tener pleno acceso a un procedimiento para la determinación de su estatuto de acuerdo a la ley, además de garantizar a estas personas la debida protección legal y su acceso al mercado laboral mientras se examina su solicitud de asilo.
Las organizaciones firmantes recuerdan a los ministros europeos de Justicia e Interior que sus peticiones están motivadas por la defensa de la inalienable dignidad humana de los inmigrantes, además de resaltar los beneficios económicas, sociales y culturales que estas personas aportan a la sociedad de acogida. Y señalan que los acuerdos en materia de seguridad no pueden contravenir los principios fundamentales sobre los que se apoyan las políticas sobre inmigración.
