Una ley sobre odio religioso atenuada

LONDRES, 11 febrero 2006 (ZENIT.org).- Una propuesta de ley sobre odio relacionado con la religión fue rechazada el 31 de enero en una rara derrota parlamentaria del gobierno laborista británico. El gobierno perdió dos votaciones en los comunes; la primera vez por 10 votos, la segunda, sólo por uno, informaba el periódico Independent al día siguiente.

Los comunes votaron la aceptación de algunas enmiendas significativas en la línea de cambios solicitada cuando el pasado octubre la Cámara de los Lores debatió la Ley sobre Odio Racial y Religioso. En aquella ocasión se enmendó la propuesta del gobierno por una aplastante mayoría de 149 votos.

La ley proponía convertir en delito la incitación al odio contra las personas basándose en argumentos religiosos; sea de forma hablada o escrita, en público o en privado. Originalmente la ley propuesta por el gobierno contemplaba convertir en delito los insultos, así como las palabras y comportamientos amenazantes. La propuesta original también proponía que fuera delito incluso cuando la persona implicada no tuviera intención de incitar al odio.

La ley, como finalmente se ha aprobado en el parlamento, estipula que para que una persona sea acusada tendrá que demostrarse que se ha utilizado lenguaje o comportamiento «amenazante», en lugar de «amenazante, insultante o abusivo». También será necesario probar que había intención de cometer los delitos. El día en que el parlamento votaba la ley algunos cientos de manifestantes se reunieron en el exterior para protestar contra lo que consideraban una restricción injustificada de la libertad de expresión.

El gobierno intentó superar la oposición aceptando cambios de último minuto a la propuesta de ley, informó el 26 de enero la BBC. Aceptaron la exigencia de que la incitación al odio religioso estuviera cubierta por una legislación distinta a la de las leyes sobre odio racial. Y sólo se podría acusar a alguien si pretendía o se mostraba imprudente incitando al odio. Pero los cambios no fueron suficientes para aplacar a los críticos.

La oposición a la ley vino de una amplia variedad de personas y grupos. Los cómicos temieron que ya no se les permitiera contar chistes religiosos. Los activistas de derechos civiles se mostraron preocupados por las restricciones a la libertad de expresión. Y algunos grupos religiosos consideraron la ley excesivamente restrictiva.

El editorial del periódico Guardian del 31 de enero observaba que ésta es la tercera vez desde el 2001 que el gobierno intenta aprobar una ley sobre esta materia. Sus intentos anteriores fallaron debido a la Cámara de los Lores.

Según el editorial, la propuesta del gobierno «combinaba comportamiento y material amenazador, de los que las personas religiosas merecen protección, con insulto a las creencias religiosas, lo que es una parte necesaria de una sociedad abierta».

Otro problema es que no acertaba cuando al «distinguir apropiadamente entre creyente, que no debería sufrir por lo que es, y creencia, y creencia, que otros deben tener el derecho de atacar, cuestionar o ridiculizar, incluso hasta el punto de ofender a los creyentes».

Defender la libertad de expresión

El Instituto Cristiano, un grupo evangélico, alabó los cambios hechos a la ley. En un informe del pasado agosto explicaba su oposición a la ley propuesta. El instituto indicaba que la legislación dañaría la libertad de expresión y colocaría a las autoridades del gobierno y judiciales en la posición de jueces de las creencias religiosas de las personas.

Además, el instituto observaba que ya existe protección para toda persona sin importar su religión. Bajo las leyes británicas ya es un delito criminal incitar a un crimen contra otra persona, sea por causa de la religión o no. Y en el 2001, el parlamento aprobó leyes que establecen delitos agravados por la religión. Otro problema es que algunos grupos religiosos busquen litigios, y puedan llevar a la práctica la amenaza de procesar a sus detractores, advertía el instituto.

El 31 de enero un grupo de humanistas, laicistas, musulmanes y cristianos evangélicos escribió una carta, publicada en el periódico Telegraph, pidiendo a los parlamentarios que votasen en contra de la ley.

Entre los firmantes de la carta se incluían dos musulmanes, Ghyasuddin Siddiqui, líder del Parlamento Musulmán, y Manzoor Moghal, del Foro Musulmán. Sus puntos de vista contrastaban con la postura del Consejo Musulmán de Gran Bretaña. Dicho consejo, considerado generalmente como el órgano islámico más representativo del país, apoyaba la legislación, según el Telegraph.

Otros firmantes de la carta eran Keith Porteous Wood, director ejecutivo de la National Secular Society, y representantes de la British Humanist Association, el Instituto Cristiano y la Alianza Evangélica.

«Como personas con sólidos puntos de vista sobre religión, sabemos lo fácil que es ofender a aquellos con los que se discrepa y lo fácil que es sentir resentimiento por lo que otros dicen, y ver un insulto en ello», indicaba la carta. «Pero también reconocemos que una sociedad libre debe tener a su alcance el debatir, criticar, conseguir adeptos, insultar e incluso ridiculizar las creencias y prácticas religiosas para asegurar que hay plena disposición – lejos de la violencia o la incitación a la violencia o a otros delitos criminales – para abordar estos temas».

Cuando se debatió la ley el pasado octubre en la Cámara de los Lores, numerosos artículos de prensa apuntaban los problemas con dicha legislación. El 12 de octubre el Guardian informó que un grupo protestante evangélico, Christian Voice, advirtió que consideraría la nueva ley para encausar a las librerías que vendieran el Corán por incitar al odio religioso.

La experiencia de Australia

El 23 de octubre, el Sunday Times informaba que las brujas y los satanistas podrían utilizar la ley para encausar las investigaciones policiales de sus críticos. Esta advertencia tenía su fundamento, informaba el artículo, citando un caso de Australia.

De hecho, quienes se oponen a la ley no han dejado de citar el experimento australiano con las leyes sobre odio religioso. En diciembre de 2003 llegó a juicio el primer caso de la Ley de Tolerancia Racial y Religiosa en el estado de Victoria.

El Consejo Islámico de Victoria puso una denuncia por las declaraciones realizadas por los pastores evangélicos Danny Nalliah y Daniel Scot durante un seminario en marzo de 2002. En diciembre de 2003, el juez Michael Higgins consideró que ambos se habían reído de las creencias musulmanas.

El pasado 22 de junio, el juez ordenó a los pastores que publicaran en periódicos y en su página web sus disculpas públicas, informó al día siguiente el Herald Sun. El juez observó que los dos pastores tenían creencias religiosas apasionadas que él consideraba les llevaban a quebrantar la ley. «Esto no excusa su conducta», afirmó, «pero explica de alguna manera por qué actuaron como lo hicieron».

En un comentario publicado el 4 de julio en el Sydney Morning Herald, Emily Maguire observaba que el grupo al que pertenecían los pastores, Catch the Fire, es innegablemente hostil al Islam, y que las declaraciones hechas por ellos eran profundamente ofensivas para muchos musulmanes.

No obstante, la periodista sostenía que es importante la libertad de criticar la religión. Además, «silenciar tales discursos crea mártires, mientras que dar a los puntos de vista la debida publicidad permite responder», escribía Maguire. Los pastores han apelado la sentencia.

Tras la sentencia del juez, el arzobispo de Sydney, el cardenal George Pell, también discutió la idea de las leyes contra el odio religioso, en un artículo publicado por el Sunday Telegraph el 3 de julio.

El cardenal alabó la decisión del gobierno del estado de Nueva Gales del Sur de no apoyar la propuesta de introducir una ley contra el vilipendio religioso. «Tal ley minaría la libertad que busca proteger, sería contraproducente y terminaría recortando la libertad de expresión, además de dividir más a los diferentes grupos religiosos», escribía el cardenal Pell.

El mes siguiente, un juez del estado de Victoria pidió cambios en la ley estatal sobre vilipendio religioso, informó el 2 de agosto el Herald-Sun. El juez Stuart Morris hizo los comentarios tras rechazar un pleito planteado por una autoproclamada bruja en prisión por abusos sexuales. Robin Fletcher sostenía que el curso Alpha Christinity del Ejército de Salvación, que se ofrecía en las cárceles, la discriminaba por motivo de su religión.

El debate entre libertad de expresión y religión seguirá en el candelero durante mucho tiempo.