BUENOS AIRES, martes, 12 septiembre 2006 (ZENIT.org–Aica).- Obispos de las comisiones de Pastoral Social y Pastoral Aborigen presentaron el libro «Una tierra para todos», donde advierte sobre un proceso de «extranjerización» de los espacios productivos rurales, cuestiona que no se respete el derecho constitucional de los pueblos aborígenes a la tenencia del suelo, y pide una estrategia para preservar los recursos naturales.
«El problema de la tierra debería ser considerado política de Estado, porque es una problemática amplia que toca a los aborígenes, a los productores rurales, a la vivienda urbana, y también se vincula al tema del agua», aseguró el obispo de Neuquén y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, monseñor Marcelo Melani.
Otro de los miembros de esa comisión, monseñor Jorge Lugones, obispo de Orán, lamentó que «no haya una legislación sobre extranjerización, ya que se han hecho proyectos pero todos han caducado».
En tanto, monseñor Jorge Casaretto, obispo de San Isidro y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, aclaró que el documento no guarda relación con recientes episodios que tuvieron al subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, Luis D’Elía, como protagonista. El funcionario, que propicia la expropiación de tierras, cortó el alambrado de un cerco perimetral para ingresar a una finca del empresario estadounidense Douglas Tompkins, en Corrientes.
«Pedimos un debate dentro del marco de la ley», dijo el prelado sanisidrense.
En la presentación también participaron la doctora Juana Ceballos, asesora de asuntos legales de Cáritas Argentina; el doctor Agustín Salvia, del Barómetro de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina; y el profesor Germán Bournissen, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen.
La iniciativa «pastoral» reclama una mejor distribución y fomenta la concepción religiosa del destino universal de los bienes creados por Dios.
El documento critica la falta de política estatal para equilibrar la distribución de terrenos rurales, y lamenta que los sucesivos gobiernos no saldaran la «deuda histórica» con los pueblos originarios, a pesar del rango constitucional que el derecho a las tierras tradicionalmente ocupadas tiene desde hace una década.
Las estadísticas recientes –que cita el diagnóstico eclesiástico– revelan que de un total de 900 comunidades indígenas, dos tercios no tienen títulos de propiedad de sus tierras y que el problema es «preocupante» en las provincias de Salta y Neuquén.
Los datos reflejan también sobre «la venta de derechos de posesión de pequeños productores empobrecidos a grandes corporaciones de capitales, nacionales y extranjeras».
Para revertir esta tendencia, los obispos proponen generar políticas fiscales que favorezcan el uso racional y eficiente de la tierra, propiciar una estructura tributaria diferenciada que grave la tierra ociosa y el latifundio, y desarrollar un sistema catastral que simplifique los procedimientos de regularización dominial.
También sugieren acortar procesos burocráticos innecesarios para asegurar transacciones de propiedades transparentes y verificables, revisar las leyes de usucapión, y diseñar políticas ágiles que permitan el traspaso de tierras fiscales.
Puede leerse un resumen del libro en la página web de la Conferencia Episcopal de Argentina (http://www.cea.org.ar)
