Obispos: En España «hay leyes gravemente injustas que deben ser cambiadas»

Dijo el portavoz episcopal al presentar las orientaciones para las elecciones

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MADRID, viernes, 1 febrero 2008 (ZENIT.org).- El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, el obispo Juan Antonio Martínez Camino, en la presentación de las orientaciones de los obispos españoles ante las próximas elecciones, negó que la Iglesia pida el voto para ningún partido, aunque reconoció que no todo los programas son igualmente compatibles con la fe. Afirmó que en España «hay leyes gravemente injustas y que deben ser cambiadas».

Los obispos, como en ocasiones semejantes, ayer 31 de enero, hicieron pública una nota con diez orientaciones ante las elecciones generales del próximo 9 de marzo. Como sucedió con la anterior nota de los prelados del sur de España, se han levantado voces acusando a los obispos de haber entrado directamente en la precampaña electoral y atribuyéndoles afirmaciones que no aparecen en el citado documento.

La nota fue presenta en rueda de prensa por el secretario general y portavoz de la CEE, el obispo Juan Antonio Martínez Camino, junto a los trabajos de la reunión de la Comisión Permanente del organismo episcopal, celebrada los días 29-30 de enero.

Uno de los puntos de la nota, el número 8, ha suscitado fuerte polémica, queriendo ver en él una censura a la política de negociación del actual gobierno con la organización terrorista ETA. Sin embargo, en este y otros puntos, los obispos no hacen sino recoger lo que ya dijeron hace tiempo en un documento titulado «Orientaciones morales ante la situación actual de España», publicado el 23 de noviembre de 2006.

Concretamente, la afirmación: «Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político», aparecía ya en el número 68 del documento de 2006 palabra por palabra. Lo mismo sucede con la mayoría de las afirmaciones de la presente nota.

Los obispos –dice la nota de prensa que acompaña a los diez puntos–, «ofrecen a los católicos y a cuantos quieran escucharlos algunas orientaciones morales que estimulen el ejercicio responsable del voto y, respetando a quienes ven las cosas de otra manera».

Piden, en el tercer punto, «libertad y respeto para proponer libremente nuestra manera de ver las cosas, sin que nadie se sienta amenazado ni nuestra intervención sea interpretada como una ofensa o como un peligro para la libertad de los demás».

En el punto cuarto, los prelados reiteran «que los católicos pueden apoyar partidos diferentes y militar en ellos», aunque también es cierto, subrayan «que no todos los programas son igualmente compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana».

En este sentido, exhortan a «valorar las distintas ofertas políticas», teniendo en cuenta «el aprecio que cada partido, cada programa y cada dirigente otorga a la dimensión moral de la vida». Advierten que «no se debe confundir la condición de aconfesionalidad o laicidad del Estado con la desvinculación moral y la exención de obligaciones morales objetivas». Sin pretender que «los gobernantes se sometan a los criterios de la moral católica», piden «que se atengan al denominador común de la moral fundada en la recta razón y en la experiencia histórica de cada pueblo».

En el punto seis, se hacen eco del magisterio de la Iglesia sobre la defensa de la vida humana en todas sus etapas y de la promoción de la familia fundada en el matrimonio.

Los obispos hacen hincapié en «las dificultades crecientes para incorporar el estudio libre de la religión católica en los currículos de la escuela pública» y afirman que la asignatura «Educación para la ciudadanía» lesiona el derecho de los padres «a formar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales». Por ello proponen «un gran pacto de Estado sobre la base de la libertad de enseñanza y la educación de calidad para todos».

En su nota los obispos mencionan las posiciones nacionalistas que pretenden «modificar la configuración política de la unidad de España» e indican que  «es necesario tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria», así como «evitar los riesgos de manipulación de la verdad histórica y de la opinión pública en favor de pretensiones particularistas o reivindicaciones ideológicas».

Señalan algunas situaciones concretas que deben ser tenidas especialmente en cuenta, como la de los inmigrantes, los parados, los que están solos, las jóvenes que pueden caer en las redes de la prostitución, las mujeres humilladas y amenazadas por la violencia doméstica, los niños, objeto de explotaciones y de abusos, y quienes no tienen casa ni familia donde acogerse.

Proponen «superar las injustas distancias y diferencias entre las personas y las comunidades autónomas» y resolver los problemas más acuciantes, como el trabajo, la vivienda accesible, o el disfrute equitativo de la naturaleza. En el orden internacional, indican, «es necesario atender a la justa colaboración al desarrollo integral de los pueblos».

En el posterior diálogo con los periodistas, el portavoz de la CEE negó que los obispos estén pidiendo el voto para un partido concreto o que hayan entrado en campaña electoral. Recordó el ya citado punto cuatro sobre libertad de voto y afirmó que cada católico «verá estos criterios antes de su decisión concreta y personal de en qué dirección ejerce su derecho al voto».

Ante la acusación a los obispos de no respetar la legalidad establecida en España, monseñor Martínez Camino respondió que la Iglesia, según su doctrina social, «defiende el respeto a la legalidad y al poder legítimamente constituido» porque «es un elemento clave del bien común».

Aclaró sin embargo que «las leyes aunque hayan sido emitidas legítimamente no son indiscutibles». «Las leyes deben ser acatadas pero pueden ser modificadas y cambiadas sobre todo cuando son injustas». «En España hay algunas leyes gravemente injustas y que deben ser cambiadas», dijo y subrayó que «esto lo puede decir cualquier ciudadano y también la Iglesia, en cuanto ciudadano y en cuanto Iglesia». «Tiene el derecho y el deber de expresarlo», reiteró.

El texto completo de la nota de la Conferencia Episcopal se puede leer en: Nota ante las elecciones generales del 9 de marzo (www.conferenciaepicopal.es).

Por Nieves San Martín

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ZENIT Staff

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